Un fiscal del 'caso Atocha' destapa supuestas estafas por 2.000 millones
El caso Atocha aún depara sorpresas con olor a delito. Dieciséis grandes firmas de leasing, entre ellas el BBV, Barclays, Ibercorp y Mapfre, fueron presuntamente estafadas por la empresa Construcciones Atocha, conocida por su involucración en otro escándalo de adjudicaciones irregulares en el que figuran como acusados tres funcionarios de la Administración autónoma controlada por el PSOE. El monto de las supuestas estafas, perpetradas entre 1988 y 1991 mediante una compleja trama de empresas interpuestas, se cifra en tomo a los 2.000 millones de pesetas.Así consta en una querella de la Fiscalía de Madrid que solicita la prisión, eludible mediante fianza, para José y Felipe Rey Patiño, Dionisio Silla, Jesús Gallego, y Gustavo Martínez San tos, todos ellos miembros del consejo de administración de la constructora, que suspendió pagos en junio de 1991.
Según el relato fiscal, la mecánica de las supuestas estafas era a grandes rasgos la siguiente: un directivo de Atocha proponía a una empresa de leasing que comprase a una tercera firma un detemirnado material que necesitaba la constructora, pero que teóricamente no podía pagar en ese momento. La constructora recibía el material y se comprometía a pagárselo a plazos a la empresa de leasing. Atocha presentaba una factura emitida por la firma vendedora en la que constaba el coste del material y la entidad de leasing la abonaba.
Hasta aquí, todo impecable. Pero el fiscal sostiene que, por un lado, la firma que vendía el material era en realidad una sociedad controlada por Atocha, con lo que el dinero de la compra iba a parar a manos de la constructora, y, por otro, que el material no existía: la factura era falsa y la financiación de la compra fraudulenta. Con este proceder Atocha pudo obtener, según el fiscal, hasta 2.000 millones de pesetas.
La imagen de solvencia de Atocha -conseguida gracias a sus florecientes contratos con la Administración-, la convicción de que las facturas eran reales, es decir, que realmente se vendía algo, y la falsa creencia en que la empresa vendedora y la arrendataria eran distintas facilitaban el supuesto fraude.
Esta ramificación del caso Atocha puede aportar nuevas claves a una compleja trama que en su historia ha salpicado al Ejecutivo de Joaquín Leguina. Si este modo de proceder se demuestra, quizá podría explicar también por qué los tres funcionarios de la Comunidad implicados en el citado escándalo no llegaron a ver nunca los materiales cuyo pago -72 millones de pesetas- ordenaron.
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Atocha tejió una red de 'tapaderas' para financiarse, según el fiscal
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El caso en el que están implicados los funcionarios de la Comunidad de Madrid surgió a raíz de una serie de denuncias presentadas en 1992 por el PP. La formación de Ruiz Gallardón acusó entonces al Gobierno autónomo de haber adjudicado irregularmente entre 1988 y 1991 obras por valor de 4.000 millones a Construcciones Atocha. La fiscalía finalmente ha exculpado al Gobierno regional, aunque ha mantenido la acusación contra tres empleados de la Comunidad.
Pero ahora, estrechando el cerco, el ministerio público se ha centrado en las relaciones de Atocha con el capital privado. Esta nueva investigación, realizada por el fiscal Salvador Viada, concluye que la constructora tejió una urdimbre de empresas instrumentales, entre las que se cita a Ingetubo, Ramos Hidalgo, Mantemosa, AV 36, COYDECO, CGEMESA. Algunas de estas firmas mantenían una vida propia -como Ingetubo, aún en activo y controlada por Felipe Rey- y otras servían de cobertura para pelotear letras, sumarse a los concursos públicos y, sobre todo, "engañar a las empresas de leasing". A este entramado añade el fiscal dos firmas sospechosas de expedir facturas falsas -Traidamen y Comercial Yemi- Junto a las empresas instrumentales, la estafa tenía por protagonista, según la reconstrucción del ministerio público, a un representante de Atocha, generalmente el consejero delegado José Rey Patiño, que era quien ofrecía a la compañía de leasing la operación de arrendamiento financiero.
Alcance del caso
En manos de los supuestos estafadores, el fiscal considera que han podido caer todas estas empresas: Arfi, Ban Leasing, Barclays, BBV, Consorcio Nacional de Leasing, Ecofinance, Finamersa, Ibercorp, Infoleasing, Interleasing, Lico Leasing, Mapfre Leasing, Marleasing, Mutuactivos, Unileasing y Uniterleasing. De todas estas entidades solicita que aporten las facturas que conserven de sus tratos con Atocha.
Una petición con la que se pretende delimitar el verdadero alcance del caso. Hasta la fecha, las cantidades presuntamente estafadas por Atocha -sin contar el resto de las empresas del grupo- han sido cifradas en 2.000 millones de pesetas por el administrador judicial de la suspensión de pagos.
Como ejemplo de la "confianza" que presuntamente mostraba la cúpula de Atocha en su sistema de financiación, el fiscal Viada saca a colación una operación cerrada el 3 de abril de 1990. Ese día firmó con la compañía Leaseplan la contratación del arrendamiento financiero de una maquinaria que la entidad Traidamen [sociedad fantasma, controlada por un implicado en un caso de emisión de facturas falsas] vendía por más de 23 millones de pesetas. Según el fiscal, ese mismo día Atocha, con la misma factura, concertó otra operación con Barclays Leasing.
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