Niega la mayor

LA CONVOCATORIA de una reunión de las fuerzas comprometidas en los pactos antiterroristas de 1988 es la principal consecuencia de la comparecencia del ministro Belloch ante la comisión de Justicia e Interior del Congreso, con motivo de la concesión del tercer grado a los ex policías Amedo y Domínguez. Sectores de la oposición habían expresado su sospecha de que el Gobierno estaba forzando medidas similares entre los presos de ETA a fin de subrayar el carácter no excepcional, prácticamente obligado, de dicha concesión. El inoportuno desmelenamiento de Aznar, que puso en relación los sangrientos atentados de la semana pasada con la supuesta manga ancha del Gobierno hacia los presos etarras, otorgó una dimensión nueva al asunto al revelar el peligro de quiebra del consenso antiterrorista plasmado en los pactos de Madrid y de Ajuria Enea.Belloch negó la mayor: no ha habido cambios en la política de reinserción; ni cuantitativa, ni cualitativamente. Si ello es así, y los datos que ofreció el ministro no fueron rebatidos, el resto de la discusión sobraría. Sin embargo, el debate mismo ha revelado que, al margen del hecho concreto, el consenso antiterrorista está debilitado. Por una parte, es evidente que existen divergencias sobre la interpretación del punto de los pactos antiterroristas relativo a la reinserción; por otra, el tono y los argumentos utilizados por la oposición conservadora y los medios hostiles al Gobierno con motivo de esa divergencia remite a los tiempos, anteriores a los pactos de 1988, en que ETA era capaz con sus atentados de dividir a las fuerzas democráticas y obtener así un beneficio político.

El Pacto de Ajuria Enea considera válidas las vías de reinserción para los presos que abandonen la violencia. La reinserción está inscrita en la Constitución, luego es un principio obligatorio. Pero es evidente que al incluir ese punto se hacía referencia a un conjunto de medidas más amplio que las de aplicación obligatoria en los términos de la ley penitenciaria: las que sirvieron, por ejemplo, para la excarcelación de todos los miembros de la antigua ETA (Político-militar) tras su renuncia a las armas, indultos incluidos. Tales medidas han venido siendo aplicadas luego en casos concretos; siempre con la abierta oposición del mundo de ÉTA, para el que los presos constituyen la principal bandera y más eficaz coartada sentimental.

Ese factor político, más la experiencia de que los etarras excarcelados no reinciden, ha sido un argumento en favor del mantenimiento de la reinserción como uno de los ejes de la política antiterrorista. De todas formas, hace años que se viene sosteniendo -y no sólo por parte del PP- que tal vez habría que poner un límite temporal a esa oferta de reinserción: para evitar cualquier sensación de impunidad o relativización del efecto disuasorio de toda condena. Las divergencias sobre esa cuestión son legítimas; pero no deberían bastar para romper el consenso básico existente.

De hecho, los pactos de 1988, suscritos también por el PP, fueron un intento de evitar que las lógicas divergencias sobre la forma más eficaz de acabar con el terrorismo se convirtieran en una baza política de los propios terroristas. El pacto se basa en la proclamación de una serie de principios fácilmente compartibles por todas las fuerzas democráticas, y en el compromiso de renuncia a sacar ventajas políticas de los efectos de la violencia. Ello implica, por una parte, conceder un margen de confianza al Gobierno para la dirección de la lucha antiterrorista, siempre que se plantee en ese marco de principios democráticos; por otra, el compromiso de información a los firmantes por parte del Gobierno.

El diputado, popular Federico Trillo denunció ayer que su partido no había sido informado nunca de las excarcelaciones de miembros de ETA. Es discutible que cada caso deba ser consultado, pero, en la medida en que existen divergencias sobre el asunto, esa información habría sido conveniente. La reunión prevista para septiembre debería servir para aclarar ésa y otras cuestiones. Entretanto, la actitud de Belloch de rehuir expresamente el enfrentamiento y reclamar la recomposición de la unidad básica de los demócratas revela una gran dosis de responsabilidad.

En respuesta al diputado Romero, de IU, respecto al tercer grado de Amedo y Domínguez, Belloch recordó que alguno lleva años equivocándose en sus pronósticos: que no los detendrían, que no los juzgarían, que no los condenarían, que la pena sería modificada, que los indultarían. No dijo que fue él quien se opuso a que prosperase un indulto que se encontró sobre la mesa; la sesión de ayer, tras la resolución de la junta de fiscales, confirmó su acierto al elegir esa otra vía del tercer grado, que al menos no sienta un grave precedente.