"Razones viscerales"

La sentencia del Tribunal Constitucional ha provocado airadas reacciones no sólo en la sociedad, sino entre los magistrados que han tenido que deliberar sobre la conformidad del artículo 428 del Código Penal con la Carta Magna.Rafael de Mendizábal, uno de los cuatro miembros del alto tribunal que votaron en contra, entre otras argumentaciones, contrapone sus "razones viscerales" a las de la sentencia, que considera soluciones cuya vestidura racional se corta y confecciona con aparente cientifismo".

El magistrado Vicente Gimeno, que votó a favor, discrepó de algunos argumentos jurídicos de la sentencia. Gimeno se opuso en concreto a "la mayor necesidad de esterilización de la mujer deficiente psíquica que, aunque bien intencionada, me parece discriminatoria para la propia mujer".

La gran mayoría de las asociaciones de familiares de deficientes han acogido con satisfacción la sentencia del Constitucional, aunque discrepan en alguno de sus extremos. El doctor Juan Pérez Marín, miembro de la junta directiva de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro Deficientes Mentales (que aglutina al 95% de los familiares de afectados), asegura que "se debía haber recogido alguna alusión a la consulta de los disminuidos sobre su esterilización". "Siempre se les puede preguntar, simplemente hay que saber cómo hacerlo". Pérez Marín se muestra "muy satisfecho" con la sentencia.

Jueces responsables

Lucio Hernández, director de Afancide, muestra su desacuerdo sobre "el excesivo poder de decisión atribuido a los tribunales de justicia". Hernández afirma que este desacuerdo es mayoritario entre los padres que forman su asociación, ya que temen las reacciones de algunos jueces que pueden poseer prejuicios morales o religiosos. Esta opinión la comparte, aunque por otros motivos, el catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva, autor de La esterilización de disminuidos psíquicos.

"El Legislador ha preferido en España arrojar toda la responsabilidad en los jueces, quienes no reciben ninguna indicación de la ley sobre los criterios con los que deben tomar sus decisiones", asegura el profesor Silva. El modelo es "legítimo", pero no ofrece, en su opinión, garantías sobre su correcta aplicación.

Entre los detractores del artículo 428 del Código Penal en la redacción que se le dio en 1989, se encuentran la Conferencia Episcopal y el Partido Popular (PP). La Comisión Permanente de los obispos españoles redactó hace cuatro años una nota contra la "despenalización de la esterilización de deficientes". Los populares, por su parte, bloquearon hasta donde pudieron la aprobación de la reforma del Código Penal en el Congreso.