La participacion de municipios y provincias en los ingresos del Estado superará el billón de pesetas en 1994
Los municipios y provincias españoles recibirán este año 1.035.000 millones de pesetas como participación en los ingresos del Estado. Si se suman a esa cifra otros 50.000 millones -en su mayoría procedentes de fondos europeos- para mejoras de medio ambiente e infraestructuras, las corporaciones locales verán aumentada su financiación procedente del Estado y de la Unión Europea en un 8,4%. Ello supone que sus ingresos globales crecerán un 3%. Con todo, la gestión local sigue sin superar el 15% del total del gasto público, muy por debajo de la media de los países occidentales.Ese es el resultado del protocolo de financiación municipal para el quinquenio 1994-98, suscrito ayer entre el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de La Coruña Francisco Vázquez. Ambos firmantes consideraron satisfactorio el acuerdo, pese a que -según señaló Solbes- "estas negociaciones siempre dejan un sabor amargo". Vázquez valoró, "más allá de las cifras", el hecho de que las corporaciones locales podrán determinar la evolución de sus ingresos a cinco años vista, en contraste con. la "imprevisión" anterior.
La aportación estatal crecerá en los próximos años tanto como lo hagan los ingresos tributarios, del Estado, aunque nunca menos que los precios ni más que el PIB. La participación municipal en los ingresos del Estado de 1993, que asciende a más de 995.000 millones, se liquidará con la entrega inmediata por el Estado de los 75.000, millones pendientes.
Los municipios aumentarán su participación en los impuestos de Bienes Inmuebles, de Actividades Económicas y de Vehículos de Tracción Mecánica. Las corporaciones locales canarias elevarán del 31 al 40% su participación en el producto de la imposición directa.
La portavoz de Izquierda Unida, Rosa Aguilar, calificó el protocolo de "satisfactorio, pero insuficiente". En su opinión, debería ir acompañado de un acuerdo político "que permita dotar de mayores competencias a las corporaciones locales".
