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El Consejo Constitucional anula parcialmente la ley de defensa del francés que prohibía el uso de barbarismos

Enric González

El Gobierno francés no podrá impedir que los ciudadanos utilicen barbarismos o hablen el idioma tan mal como quieran. El Consejo Constitucional rechazó el viernes parte de la llamada ley de defensa del francés, una de las más controvertidas de entre las impulsadas por el Gobierno conservador de Edouard Balladur y que fue recurrida por la oposición socialista.Según el alto tribunal, la "libre comunicación de ideas y opiniones" establecida en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 pone fuera del alcance estatal el control del lenguaje.

El francés o "lengua de la República" es de uso obligatorio, y eso está establecido en el artículo 2 de la Constitución. Pero cada uno puede interpretar como quiera el francés, y puede añadirle neologismos de su propia invención, o incluso los anglicismos tan detestados por el ministro de Cultura y Francofonía, Jacques Toubon.

Otra cosa es la comunicación pública, señala la sentencia del Consejo Coustitucional: ahí sí da la razón al Gobierno, y da luz verde a la Policía Judicial para investigar el mal uso del francés en el sistema educativo, televisión y radio, publicaciones escritas, publicidad, contratos, etiquetas, coloquios y congresos. La sanción máxima será de seis meses de cárcel y 50.000 francos (1,2 millones de pesetas).

La ley de defensa del francés era muy estricta en la prohibición de los barbarismos: "El recurso a toda palabra extranjera, o a toda expresión extranjera, queda prohibido siempre que existan una expresión o una palabra francesas del mismo significado, aprobadas en las condiciones previstas por las disposiciones reglamentarias relativas al enriquecimiento de la lengua francesa". Ese artículo queda anulado, igual que el que ordenaba la creación de un comité encargado de establecer qué expresiones serían correctas. La sentencia dice que "sólo el uso" podrá determinar cuál es la evolución del idioma.

También se anula un artículo que hubiera impedido las subvenciones a todo trabajo de enseñanza o de investigación que no fuera publicado en francés.

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