El Gobierno escarmienta del 'caso Roldan' y decide generalizar el control previo del gasto

Cualquier decisión de gasto, como adjudicar una obra, dar una subvención o contratar nuevo personal, tendrá que ser supervisada previamente por los interventores del Estado. El Gobierno, escarmentado por el caso Roldán, ha decido así ponerse la venda aunque con la herida abierta. Mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, adoptado ayer, se generaliza la fiscalización previa antes reservada a los centros gestores. El Gobierno avanzó también en la discusión de los presupuestos para el año próximo que va pareja a la negociación con los grupos nacionalistas. Según el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, "se va a sacrificar todo" al objetivo de "consolidar la recuperación y de crear empleo".

La comprobación de que los adjudicatarios de contratos de obras y servicios o de subvenciones públicas y los nuevos contratos de personal laboral, cumplen los requisitos legales, ha recaído hasta ahora fundamentalmente en los centros gestores. Así, los ministerios, organismos y entes públicos, en general tenían la obligación de verificar si, en el caso de los contratos y subvenciones, los beneficiarios estaban al día en los pagos a la Seguridad Social y a Hacienda. Una vez producido el gasto, los interventores del Estado comprobaban si efectivamente se habían cumplido todos los requisitos.En la práctica, este sistema no ha permitido evitar casos como el del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Por ello en el último debate sobre el Estado de la Nación el Gobierno adoptó el compromiso de reforzar los mecanismos de control del gasto público por parte de la Intervención General del Estado. Como explicó Pérez Rubalca, tras el Consejo de Ministros de ayer, se trata de "que el control sea mayor y más eficaz".

La medida se engloba dentro de un acuerdo adoptado por el Gobierno -de 32 folios- y supone, en términos generales, que los interventores deberán fiscalizar previamente las decisiones de gasto y no sólo, como ahora, una vez producidas. La vigilancia se centrará en comprobar que las empresas que contraten con el Estado obras, suministros, servicios y asistencia técnica, están al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El control se efectuará antes de que se paguen las correspondientes facturas.

Además, la contratación directa deberá estar debidamente justificada y se exigirá que se aporten un mínimo de tres ofertas por parte de otras tantas empresas. En los contratos de asistencia técnica, deberá razonarse la falta de medios propios de la Administración. Se exigirán, asímismo, requisitos adicionales en nóminas, subvenciones, expedientes de reclamaciones de daños y perjuicios, en contratos patrimoniales, en convenios de cooperación y en el reconocimiento de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social tanto para los funcionarios civiles, como en el régimen especial de las Fuerzas Armadas. Se trata de verificar que la documentación es la correcta y que se cumplen todos los requisitos legales.

Además, los interventores deberán realizar un control financiero posterior, es decir, una especie de auditoría sobre todos los expedientes de gasto. Esta posibilidad ya estaba contemplada en la Ley General Presupuestaria pero sólo para los servicios públicos, organismos autónomos y sociedades estatales.

El Gobierno avanzó ayer también en la discusión de los presupuestos para 1995. Los objetivos, según Pérez Rubalcaba, son "consolidar la recuperación económica y crear empleo" y a ellos "vamos a sacrificar todo los demás". Así, por ejemplo el ministro anunció que el capítulo destinado a la compra de bienes y servicios "va a crecer muy poco" de forma que "nos permita dedicar el máximo dinero al estímulo de la economía productiva". También "se apostará decidamente por la formación profesional".

La discusión del presupuesto en el Gobierno es, según Rubalcaba, paralela a las negociaciones con los grupos nacionalistas para obtener su apoyo parlamentario. El ministro confirmó que el Gobierno no tiene intención de flexibilizar aún más el mercado de trabajo, tal como ha propuesto CiU. No se ha descartado que para 1995 se rebajen las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de un nuevo impuesto sobre la energia.

Vehículos industriales

Por otra parte, el Ministerio de Industria ha aprobado un plan renove para vehículos industria les, similar al que ya está en marcha para los automóviles de uso particular. Según el ministro Juan Manuel Eguiagaray, "éste es el momento adecuado para que la incipiente recuperación del sector pueda consolidarse". Según este plan, los vehículos industriales que tengan más de 10 años podrán acogerse a una subvención de entre 90.000 y 100.000 pesetas por unidad hasta diciembre de 1995. El coste de las subvenciones que ha calculado Industria asciende a una cantidad entre 10.000 y 14.000 millones de pesetas.El ICO establecerá una línea de crédito de hasta 100.000 millones de pesetas, en condiciones especiales destinada a la compra de vehículos de uso industrial. Los tipos de interés que se aplicarán serán los del mercado menos cinco puntos, justos los que subvencionará el Gobierno. El Plan estará instrumentado a mediados de septiembre.