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Trabajo expedienta a un empleado que vendió datos sobre empresas

El Ministerio de Trabajo ha suspendido de empleo y sueldo a su empleado José L. A. por vender datos informáticos a una compañía -a 700 pesetas cada informe- sobre la situación laboral de empresas de Madrid, según han confirmado fuentes de este organismo.

Las andanzas de José A. L., que en la actualidad se encuentra de baja laboral "por depresión" (aunque sobre él pesa un expediente de suspensión de empleo y sueldo), fueron descubiertas en 1992 por el Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS), dependiente del Servicio Central de la Policía Judicial.

Este empleado (que tiene categoría de administrativo de segunda y es contratado laboral fijo del ministerio) extraía, presuntamente, informes del ordenador y los vendía por 700 pesetas a una empresa de información comercial radicada en Madrid. Esta empresa los vendía, a su vez, a particulares por entre 2.500 y 5.000 pesetas.

José L. A. conseguía los informes a través de una terminal de ordenador que el Ministerio de Trabajo posee en su agencia número 1, ubicada en la avenida de Brasil. Además de su propia clave, José L. A. utilizaba las de otros compañeros para acceder al ordenador y así conseguir los informes, según fuentes de la investigación.

Las extrañas actividades del administrativo ahora expedientado habían sido denunciadas por sus compañeros al director de la citada agencia. Éste, en un principio, no tomó medidas contra José L. A. por entender que no había pruebas sólidas y que podía tratarse de un simple rumor. No obstante, el GISS inició una investigación y comprobó que las sospechas eran fundadas.

Firma comercial

En este entramado de presunto tráfico de información, que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 37 de la plaza de Castilla, aparece implicado también Ceferino C., vinculado a la citada empresa de información comercial. El GISS comprobó que Ceferino C. y la citada empresa vendían los informes que les suministraba el empleado de Trabajo.Ceferino C. fue detenido en 1992 en relación con estos hechos y hasta hace unos meses, el juez que instruye este caso le había obligado a presentarse ante él los días 1 y 15 de cada mes.

Su abogado, Francisco Maeso, niega tajantemente la implicación de su cliente en esta trama. Asegura que su detención "fue un patinazo del GISS". "Yo no he tenido nada que ver con eso, y ni siquiera conozco a ese funcionario", explicó Ceferino C. "Nunca he querido saber nada con los funcionarios", añadió.

Lo cierto es que el Grupo de Investigación de la Seguridad Social tiene la convicción (y por eso el asunto está en un juzgado, pendiente de que el fiscal califique, si es que encuentra motivos para hacerlo) de que Ceferino C. sí tuvo relación con el citado empleado.

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