Combate entre Consejo y Parlamento europeos a costa del teléfono

La Comisión Europea confía en que la liberalización de la telefónica vocal pueda aplicarse en 1998, pese al frenazo que la directiva correspondiente sufrió el pasado martes, al ser rechazada por el pleno del Parlamento Europeo por 373 votos de los 567 posibles. El comisario responsable, el alemán Martin Bangemann, admite que la Comisión tardará seis meses en presentar una nueva propuesta, pero mantiene el calendario previsto para la liberalización, que debería producirse en 1998.

Al votar en contra del texto para la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal, los eurodiputados han sentado un precedente en defensa de los poderes que les confirió la entrada en vigor del Tratado de Maastricht.La reglamentación que están elaborando las instituciones europeas trata de poner al día la legislación sobre telefonía vocal; es decir, afecta al grueso del servicio telefónico, excepto la telefonía móvil. Se pretende otorgar un marco jurídico al sector, así como un catálogo de obligaciones y deberes de las compañías, para evitar que el desarrollo de monopolios y. la creación de grandes consorcios acaben dañando el libre mercado en un sector hasta hace poco muy regulado y que ofrece. grandes perspectivas de negocio para la empresa privada.

Todas esas previsiones han chocado con la lucha de poderes en el seno de la Unión Europea. El pasado martes, en la sesión de apertura de la legislatura del Parlamento Europeo, los eurodiputados aprobaron una resolución por la que rechazaron la propuesta de directiva sobre telefonía vocal, a pesar, de que expresaron su apoyo al objetivo de fondo de llegar a la liberalización. El frenazo es tanto de fondo como de forma.

El conflicto arrancó cuando el Consejo de Ministros de la Unión rechazó 12 enmiendas del Parlamento, referidas a la garantía de la efectividad de las autoridades nacionales de reglamentación; más amplia consulta a los grupos de intereses; compensación optativa u obligatoria cuando no se alcancen los niveles de calidad de los servicios contratados; explicación de las razones por las que se deniega un acceso especial; control de cuentas de los organismos de telecomunicaciones, efectuado por auditores independientes; y requisitos para que las autoridades nacionales de regulación informen a la Comisión -a petición de ésta- sobre los casos en que se restrinja o deniegue el acceso a la telefonía vocal.Consenso imposible

Las enmiendas, presentadas en la segunda lectura parlamentaria, fueron rechazadas por el Consejo. Se convocó al llamado Comité de Conciliación con objeto de intentar un acuerdo, pero el consenso no fue posible. El 20 de junio, el Consejo rechazó por tercera vez las peticiones del Parlamento y ahora la respuesta de la Cámara ha sido rechazar el texto del Consejo. [El Parlamento Europeo tiene actualmente facultades para considerar un acuerdo del Consejo como "acto no adoptado", de acuerdo con el procedimiento denominado "de codecisión"].

El comisario de Comunicaciones, Martin Bangemann, ha lamentado las querellas entre Consejo y Parlamento, aunque se ha mostrado optimista al afirmar que, en su opinión, los seis meses que tardará la Comisión en presentar un nuevo texto no retrasarán la entrada en vigor de la directiva, prevista para 1998. El comisario lamentó que el Consejo no haya sido "más abierto".

[Fuentes del ministerio español de Obras Públicas, por su parte, minimizaron el alcance real del veto del Parlamento Europeo a la directiva comunitaria sobre telefonía, sin expresar una postura oficial. Tampoco la Compañía Telefónica dio su opinión sobre el efecto de lo aprobado en Estrasburgo].