Moreiras deja libre a Barrabés, encarcelado por el 'caso PSV', porque cree que no va a huir

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, instructor del caso PSV, dejó ayer en libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas a Paulino Barrabés, ex responsable de finanzas de UGT, por "creer fundadamente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia" y porque el delito que se le imputa "no es de los que se cometen con frecuencia". Al salir de la prisión, en la que ha permanecido 15 días, Barrabés manifestó que se encontraba contento de poder ver a su familia, pero añadió: "Mi preocupación es que se hagan las casas y se entreguen a los cooperativistas".

Moreiras, sin embargo, considera que hay indicios suficientes como para considerar a Barrabés autor de un delito de estafa que ha causado gran alarma social y ha provocado múltiples perjudicados, y que la pena que le correspondería sería superior a 12 años de cárcel. Barrabés salió ayer de la cárcel de Carabanchel, donde ingresó el pasado día 5, después de que el importe de la fianza fuera adelantado por un grupo de sus amigos y dirigentes de UGT. La libertad de Barrabés no fue apoyada por el fiscal, que propugnaba que se confirmase la prisión provisional para el ex dirigente de la UGT por las elevadas penas que le corresponderían si fuese condenado.

El juez Moreiras, al poner en libertad a Barrabés, ha admitido el recurso de reforma presentado por su abogado, José Federico de Carvajal, pero puntualiza en los fundamentos jurídicos de su nueva resolución que "puede llegarse a la conclusión de que el citado Barrabés, en su condición de presidente del consejo rector de PSV, vicepresidente del consejo de administración de IGS y presidente del consejo de administración de Unial (...) tuvo participación destacada en la gestión de los fondos aportados por los cooperativistas para ser empleados únicamente en la construcción de viviendas".

Moreiras agrega en el auto: "Al no haber acreditado el destino dado a todos esos fondos -que en algunas promociones suponían hasta un 70% del precio total de las viviendas y ni siquiera se ha comprado en su totalidad el suelo donde debían ser construidas- [Barrabés] suscita con su conducta la vehemente sospecha de que tales fondos no han sido dedicados en su totalidad, ni en gran parte, al fin que se decía" en los contratos de adjudicación de viviendas.

Estos hechos, en opinión de Moreiras, pueden ser calificados como delito de estafa y que afectan a múltiples perjudicados, "aparte de la posible falsedad documental cometida en los certificados de seguro y caución de las cantidades entregadas por anticipado".

El magistrado especifica también que el engaño se cometió "alterando la cantidad de viviendas de reconocida utilidad social que se comprometían a construir con los cooperativistas de los que han recibido grandes sumas de dinero".

La resolución de Moreiras relata minuciosamente el proceso de creación de la cooperativa PSV, y sus relaciones con UGT, la gestora IGS y la compañía de seguros Unial. Esta última tenía que asegurar los fondos entregados por los cooperativistas, pero ni IGS ni PSV pagaron nunca las primas correspondientes a Unial.

También narra el auto las vicisitudes de la cooperativa y los proyectos faraónicos como el de la Esfera Armilar en el que IGS dice haber gastado 1.700 millones. Moreiras ironiza señalando que se convocó a diferentes personalidades de la Administración y de distintos sectores a la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Esfera Armilar, y esa fue la única piedra que se puso pues no se ha hecho ninguna otra obra. El relato de Moreiras precisa que el grupo de empresas de IGS obtuvo, entre 1988 y 1992, 8.000 millones de pesetas de beneficios por sus actividades empresariales. El citado grupo, constituido por 28 sociedades con diferentes objetos empresariales, ha invertido diversas cantidades en diferentes proyectos, sin que se conozca que hayan llegado a buen término.

IGS recibió 20.000 millones de pesetas de PSV en concepto de servicios profesionales para la gestión de las promociones de viviendas. Estos gastos, que incluyen servicios futuros, han sido contabilizados como "gastos legítimos de gestión", pero sin justificación documental.