Cangrejo o camelo de ley

La determinación del perfil legislativo del Gobierno y de su función directora sobre la Administración del Estado suscita desde hace tiempo -como señala un reciente editorial de EL PAÍS (Gobierno de ley)-, discusión entre los especialistas. La cuestión admite diversas concreciones, desde los requisitos exigibles para acceder a los cargos directivos hasta la tipología de éstos. Pero tanto el grueso de la proposición de ley del PP sobre la Administración General del Estado (AGE) cuanto la "propuesta de reducción de altos cargos" que la acompaña provocaran perplejidad y rechazo al analista a poco que éste se aproxime con una mínima información y con al menos un poco de sentido común.La razón es simple. Lo más llamativo de la propuesta popular estriba en su disparatada lectura de lo que sean las exigencias de economía presupuestaria en una Administración moderna, traducida en una irracional reducción de empleos públicos. Tal reducción, sin embargo, es cangrejo o es camelo: supone una marcha atrás o engaña al querer obtener ochenta a cambio de ocho. No sólo porque el 80% de cargos a suprimir estén ocupados ya por funcionarios de carrera, sino, lo que es más importante, porque las cuentas del PP no cuadran en manera alguna a poco que se las contraste. No es la primera vez que el PP intenta confundir a la opinión pública con una "reducción de altos cargos" que, cuando menos, merece la calificación de demagógica. Siempre que la ha planteado, se ha visto luego en la necesidad de rectificarla. Así ha sucedido cuando ha tenido oportunidad de dar trigo en otras administraciones bajo su responsabilidad, y no sólo de seguir predicando: Castilla y León, Galicia, Cantabria o en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que se va buscando es el golpe de efecto, pero sus autores saben perfectamente que ni es real en las cifras ni viable en su formulación.

No hay, en primer lugar, tal hiperinflación: ni en la Administración del Estado hay 7.694 altos cargos (son 489), ni de su supresión se derivaría un ahorro de casi 80.000 millones de pesetas. Ni los subdirectores generales, ni los subdirectores generales adjuntos, ni los consejeros técnicos y asimilados son legalmente altos cargos. No lo son según la ley, y no lo son tampoco en la realidad de la organización. Son 7.418 funcionarios de carrera que han accedido, mediante oposición, a los cuerpos superiores de la Administración del Estado y que, por su cualificación profesional y técnica, ocupan las posiciones directivas de la organización. No son, por tanto, "políticos", ni personas "afines o adictas" al PSOE, ni han sido "nombrados a dedo por el Gobierno". Son funcionarios civiles que ejercen su labor profesional como abogados del Estado, inspectores de finanzas, diplomáticos, administradores civiles del Estado, técnicos de la Seguridad Social..., altos funcionarios que tienen la responsabilidad de ejecutar las directrices políticas del Gobierno de acuerdo con la ley, y que serían los principales y más directos afectados por una drástica propuesta de reducción de puestos.

La propuesta sólo admite tres opciones. Si lo que el PP pretende es echar a la calle a estos altos funcionarios, que lo diga abiertamente. Porque, superada hace ya décadas y décadas la fase del spoil system, a estos altos funcionarios, con la Constitución y con la ley en la mano, sólo se les puede echar previo expediente disciplinario por comisión de falta MUY grave. Si lo que se pretende es degradar a estos funcionarios directivos y predirectivos de la AGE, que se diga también abiertamente. Porque, en tal caso, no se ahorrarán ni 80.000 millones ni 8.000. En fin, si lo que se busca es en realidad confundir deliberadamente a la opinión pública española, procediendo a una degradación meramente formal seguida de algún otro tipo de compensaciones no precisadas, que lo expliciten así en su propuesta. Porque, en tal caso, no habrá ahorro, sino, previsiblemente, un incremento del gasto.

En cuanto a los que sí son legalmente altos cargos (secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales), que la opinión pública debe saber que ya actualmente cerca del 80% son también funcionarios de cuerpos superiores, suprimir sus puestos de trabajo no eximiría a la Administración de la obligación de concederles el reingreso. Pero es que ni siquiera dando por bueno que fuese posible sin más "echar a la calle" a todos los funcionarios de cuerpos superiores podrían sostenerse los cálculos de la propuesta. Un ministro no gana, como pretende el PP, 41 millones, sino 9,9 (retribuciones brutas). Como tampoco gana un director general 24, sino 8,9; ni un subdirector general 16,5, sino 7. ¿A quién se incluye en estas cifras desorbitadas y totalmente alejadas de la verdad? Al parecer, no contentos con tergiversar la realidad, se mete en el mismo saco de la depuración de cargos públicos a los funcionarios directivos, a todos los administrativos, auxiliares y personal subalterno, igualmente funcionarios, dependientes de algún modo del órgano a suprimir. Como de costumbre, no se explica por qué camino se optará. Por la sencilla razón de que ninguna de las vías comportaría semejante ahorro. Es muy fácil hacer malabarismos con el cuánto cuando no se dice el cómo.

Los objetivos a cubrir y el camino para ello son muy otros. El Gobierno y la mayoría que lo sustenta han reafirmado ante las Cortes su compromiso de encuadrar la relación entre el Ejecutivo y la Administración General del Estado, regular el estatuto del responsable político de un departamento como algo diferenciado del de sus directivos, fijar las bases de la Administración institucional al tiempo que redefinir la organización periférica, desde el obligado marco de la culminación de los traspasos en la actual etapa de profundización autonómica. La simplificación y la reducción de unidades administrativas superfluas son, pues, desafíos reales permanentes para la modernización de las administraciones públicas. Importantes decisiones han venido traduciendo esta línea de impulso en estos últimos meses. Pero sin atender a los datos de la realidad, ningún proyecto de actuación puede ser valorado en términos de racionalidad y de viabilidad, que es lo que los ciudadanos tienen derecho a esperar.

es ministro para las Administraciones Públicas.