El fiscal pide 15 años de cárcel para De la Concha, Soto y Tamayo por el 'caso Ibercorp'
La Fiscalía de Madrid ha calificado las diligencias desarrolladas por la juez instructora del caso Ibercorp (manipulación de listados de clientes vendedores de acciones de Sistemas Financieros y posible trato de favor en beneficio de unos clientes y en detrimento de otros) presentando como conclusiones que Manuel. de la Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid y uno de los tres máximos responsables del escándalo, debe ser condenado a 15 años de prisión. Igual pena es solicitada por el fiscal para Jaime Soto y Benito Tamayo, los otros dos principales socios del grupo Ibercorp.
El proceso está incoado por la titular del Juzgado 21 de Madrid, María Paz Redondo, y el fiscal pide penas inferiores para otras personas, de las que solicita su procesamiento. Para tres abogados, Rafael Vázquez Padura, Joaquín Amo Álvarez y Ramón Velasco Calderóno, que tuvieron relaciones con la creación de empresas que escondieron parte de la autocartera de Sistemas Financieros, pide 12 años para cada uno. Para José Quesada Moya, trabajador del despacho de Manuel de la Concha, solicita tres años.El caso Ibercorp surgió en 1992 cuando se descubrió que la agencia de valores del Grupo Ibercorp -gestionado por De la Concha- había manipulado un listado de clientes poseedores de acciones de Sistemas Financieros, ocultando la verdadera identidad de personas como Mariano. Rubio, ex gobernador del Banco de España, y Miguel Boyer, ex ministo de Economía, a los que identificaba por su nombre y segundo apellido en lugar de hacerlo de forma completa.
Además, se descubrió que el Grupo Ibercorp manipuló el precio de las acciones de Sistemas Financieros, aumentando la autocartera de la sociedad, para favorecer las ventas de algunos clientes. Por. todo ello el fiscal acusa a los tres responsables de Ibercorp de los delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad.
Clientes exculpados
El fiscal no considera que por estos delitos deban ser procesados ni Rubio ni Boyer, ni tampoco sus esposas -todos ellos vendieron las acciones que tenían de Sistemas Financieros en 1990-, aunque la acusación particular sí mantiene la petición de cárcel o arresto para ellos.
El fiscal acusa a De la Concha de realizar numerosas operaciones con acciones de Sistemas Financieros a espaldas de los pequeños accionistas y en perjuicio del patrimonio de la sociedad, entre ellas compra de títulos para inflar artificialmente el precio de las mismas y así vender los de algunos clientes. Esta práctica de compra de acciones generé un aumento de la autocartera, superando con creces los máximos autorizados por la ley, el 5% del capital, sin que lo conocieran el resto de los accionistas ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Entre las operaciones de las que se acusa a De la Concha, Soto y Tamayo figura haber vendido acciones de su propiedad en operaciones que les reportaron beneficios de 123 millones a cada uno de los dos primeros y de 83 millones para el tercero. Como consecuencia de estas operaciones ilegales, el Ministerio de Economía sancionó a varia sociedades, del Grupo Ibercorp y a los tres máximos responsables del mismo a penas de inhabilitación profesional y a multas y sanciones por un importe de 1.600 millones de pesetas, de los que 1.500 millones correspondieron a sociedades y 100 a las personas físicas.
A raíz de conocerse estas operaciones el Grupo Ibecorp entró en crisis al producirse una retirada masiva de los fondos que administraba. Caja Cantabria, principal acreedor del banco Ibercorp, acabó adquiriéndolo.
La vinculación de los tres abogados del bufete de Vázquez Padura tiene su origen en que participaron en la creación de numerosas sociedades instrumentales utilizadas posteriormente por Concha, Soto y Tamayo para esconder en ellas parte de la copiosa autocartera de Sistemas Financieros que se generó a consecuencia de la crisis de la Bolsa tras la invasión de Kuwait en 1990. Uno de estos abogados, Ramón Velasco Calderón, participó en el inicio del Grupo Ibercorp, ya que era la persona que podía vender, en nombre de Traya, acciones de Sistemas AF.
Esta operación fue el origen de Ibercorp y en la salida a Bolsa de esa sociedad se generaron unas plusvalías de 1.600 millones de pesetas por las que no se pagaron impuestos. Velasco Calderón, además, tiene relación con Urbiplaner, según miembros de la comisión Rubio del Congreso. Esa sociedad, de la que Hacienda no conoce ni el domicilio social, vendió un tercio de las acciones de Sistemas AF. Velasco no ha contestado a las reiteradas llamadas telefónicas de este periódico.
