Justicia niega al Estado responsabilidad en los delitos sexuales de los presos con permiso

La solicitud de hacer al Estado responsable civil de los delitos sexuales cometidos por presos en situación de permisos carcelarios, o en libertad condicional, es el principal punto de desacuerdo entre los dos que han ejercido de acusación popular en algunos de. estos casos y el anteproyecto del Código Penal. Así se lo hizo saber el lunes pasado en Valencia a la secretaria deEstado de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, el grupo de trabajo, formado por la asociación Clara Campoamor de Euzkadi y varios abogados quienes también piden participar en la ejecución de las condenas.

Desde marzo de 1993, cuando se produjo la primera reunión en Bilbao, este colectivo -al que pertenecen también los abogados de las familias Lebrato y Sangrador de Valladolid, o el del caso de las niñas de Alcásser, entre otros-, ha ido elaborando una serie de propuestas para el nuevo texto legal, que han sido comunicadas de forma periódica a la secretaría de Justicia.Fernández de la Vega explicó que la responsabilidad civil subsidiaria del Estado sólo está prevista para delitos o faltas cometidos por funcionarios y que, desde esa perspectiva, carecería de sentido jurídico responsabilizarle de las conductas de los presos en libertad condicional o que disfrutan un permiso carcelario. Recordó que estos permisos no los concede la Administración penitenciaria para que los presos delincan, sino para que se adapten a la vida en libertad, por lo que no existe una relación inmediata que justifique la responsabilidad del Estado.

Posibles recursosEn cambio, la secretaria de Estado de Justicia admitió que pueda existir una responsabilidad por la incorrecta actuación administrativa, para lo cual los ciudadanos están facultados para recurrir directamente a la vía contencioso-administrativa, que próximamente va a agilizarse. Fernández de la Vega mostró su satisfacción porque otras peticiones del colectivo jurídico han sido atendidas en el proyecto de Código Penal.

Así ocurre, según explicó, con la diversificación del delito de agresión sexual y la agravación de la pena cuando las víctimas son menores de edad; la posibilidad de que el juez decida que los beneficios penitenciarios se computen sobre el total de la pena, no sobre el límite de los 30 años, o la inclusión de la pena de destierro.

Otro motivo de desacuerdo es la posibilidad de que los afectados, la familia o sus representantes legales sean consultados o simplemente avisados de los permisos concedidos a los reclusos. El nuevo texto no contempla esta propuesta de "trámite de audiencia", en contra de la opinión del grupo de trabajo formado por los juristas. En ocasiones, tales avisos se han producido, pero la posible pena de destierro es considerada por Justicia una solución más conveniente.

En este aspecto, Fernández de la Vega estimó que el interés público queda satisfecho con la presencia del Ministerio Fiscal, y que sería muy complejo, además de poco conveniente, permitir tal intervención del resto de las partes, dada la gran cantidad de permisos que se producen en un colectivo de unas 35.000 personas.

Salomé Ayo, de la asociación Clara Campoamor, destacó que el borrador del nuevo Código Penal recoge en su mayor parte las sugerencias presentadas. "Existen diferencias que pueden ser calificadas de técnicas: nosotros proponemos que el destierro se produzca de forma obligatoria en todos los casos, para evitar que la víctima o la familia vuelva a encontrarse con el agresor y que, en determinados casos, éste sea de 10 años. El texto recoge cinco anos y a discreción del juez", comenta Ayo.

Tanto para este colectivo como para la secretaria de Estado, el resultado de estos encuentros sólo puede ser calificado de "positivo". Fernández de la Vega insistió en que el proyecto del Código Penal, en grandes líneas, "da un paso muy avanzado en esta materia y recoge la mayor parte de las peticiones de los afectados por estas tragedias: hay un endurecimiento sustancial de las penas y unas reglas específicas para la concesión de permisos carcelarios".

Para Ayo, lo fundamental, aparte del incremento de las penas, es conseguir un efectivo aumento de los supuestos: "La inclusión del delito de acoso sexual en el trabajo puede ser considerado como el ejemplo más llamativo de la nueva sensibilidad de la que se hace cargo el texto".

Todas estas peticiones coinciden con las ya formuladas por algunos familiares de víctimas de delitos sexuales, como el padre de Miriam García -una de las niñas de Alcásser-, que han reclamado un mayor control sobre los condenados por agresión sexual y han recogido cerca de tres millones de firmas para avalar su reclamación.