Redondo declara al juez que desconocía las cuentas de PSV hasta que estalló la crisis

Nicolás Redondo tendrá que volver a comparecer hoy ante el juez Miguel Moreiras. En las dos jornadas que lleva declarando, el ex secretario general de UGT ha afirmado con reiteración que desconocía lascuentas de PSV hasta que estalló la crisis, a finales de 1992. A causa de esa ignorancia alegada, un alto porcentaje de las preguntas formuladas por el juez y los abogados de la acusación quedó sin respuesta. El letrado querellante Pedro Poveda cree queserá "muy, muy difícil" demostrar la responsabilidad penal de Redondo. El resto de los abogados rehusó pronunciarse sobre ello. Una vez acabe la declaración del sindicalista, las diligencias se suspenderán hasta el 5 de septiembre.

Nicolás Redondo se escudó en que, aunque las responsabilidades en UGT eran colegiadas, él no controlaba ni sabía nada de las finanzas y únicamente se dedicaba a la política sindical. Las cuentas eran asunto de Paulino Barrabés y, a partir de 1990, de Sebastián Reyna. A las declaraciones del segundo se remitió una y otra vez, por ejemplo para asegurar que las relaciones entre UGT e IGS estaban bajo fórmulas contractuales: las 80.000 pesetas que ha pagado cada cooperativista al sindicato y el intercambio de activos entre éste y la gestora.De Barrabés dijo que sólo comunicaba a la Ejecutiva de UGT una información muy genérica sobre PSV-IGS, declaración que ha molestado a la defensa del ugetista ahora encarcelado en Carabanchel. Redondo ha asegurado, además, ante el juez que no conoció a Carlos Sotos hasta que Paulino Barrabés le habló de él encomiásticamente en mayo de 1988. En consecuencia, ya se pensaba en Sotos como gestor meses antes de que se creara la cooperativa de viviendas, a raíz de una decisión tomada por la ejecutiva de UGT. En cuanto a las relaciones entre la central, la cooperativa de viviendas y la gestora IGS, dijo que las había establecido Barrabés, entonces secretario de finanzas, y que éste no dio cuenta de ello a la ejecutiva.

Redondo aseveró que no fue consciente del problema generado en PSV hasta finales de 1992, cuando la crisis era ya irreversible y la prensa había empezado a hacerse eco de ella. Sí admitió, sin embargo, haber tenido conocimiento directo de la auditoría de Arthur Andersen, de octubre de 1993, donde aparecen las pérdidas de Unial, la aseguradora del sindicato, y el cobro anticipado por parte de IGS del 10% de las aportaciones por gestión de futuro.

Tras esas declaraciones de Redondo, que suman ya un total de ocho horas, el letrado querellante Pedro Poveda manifestó no encontrar indicios de culpabilidad. "Va a ser muy, muy difícil demostrar la responsabilidad penal de Redondo", dijo. Los otros abogados que representan a los cooperativistas no quisieron manifestarse sobre ese punto. Juan Ramón Montero se limitó a afirmar que, para él, la vinculación entre IGS-PSV y el sindicato está clara, aunque "otra cosa son las responsabilidades penales".

Una vez acabe la declaración del ex dirigente de UGT, previsiblemente hoy, las diligencias se aplazan hasta el 5 de septiembre. En este periodo, el juez Miguel Moreiras debe resolver si se inhibe del caso PSV, a causa de la inclusión en una querella del diputado Javier Ledesma. Al ser parlamentario autonómico, queda fuera de las competencias del magistrado de la Audiencia Nacional.

Los abogados querellantes aprovecharon la tarde de ayer para preparar las alegaciones al recurso de nulidad presentado por José Federico de Carvajal y Marino Turiel, defensores de Paulino Barrabés. Joaquín Ruiz-Giménez aseguró que los querellantes quieren que Moreiras siga siendo competente en esta causa. La defensa, en cambio, considera que la retirada de la querella constituiría "un fraude de ley y un truco para que continúe el caso".