Atutxa denunciará a HB por delatar a dos 'ertzainas'
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, y el Gobierno Civil de Guipúzcoa estudian presentar sendas denuncias por la quema de una bandera española y el lanzamiento de unas octavillas en las que se facilita la identidad y el domicilio de dos ertzainas a los que se acusa de "represores" durante un acto de Herri Batasuna. El Gobierno Civil ha abierto, además, un expediente sancionador a la coalición en el que se considera falta "grave" la quema de la bandera, por lo que la sanción puede elevarse a cinco millones.Los dos hechos, a cargo de dos encapuchados, se produjeron en un acto de "homenaje a la ikurriña" organizado por HB en San Sebastián. La fiscalía de San Sebastián iniciará diligencias informativas sobre ambos sucesos, una vez que la Ertzaintza presente las correspondientes denuncias. Las octavillas lanzadas entre el público asistente al acto de HB forman parte, según fuentes policiales, de la campaña que desde sectores políticos extremistas se ha diseñado para atacar a la policía autonómica vasca a lo largo de este verano.
En las octavillas se mencionan expresamente los incidentes de la Salve de 1993, a consecuencia de los cuales medio centenar de personas están siendo juzgadas en San Sebastián acusadas de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad. La fiscalía solicita por estos delitos 18 meses de prisión.
Por otra parte, el presunto dirigente etarra Kepa Pikabea Ugalde, detenido el pasado jueves en Bayona, ha sido procesado en París por asociación para delinquir y posesión ilegal de armas, encubrimiento del robo de un automóvil y otros delitos, según la fiscal Irene Stoller. Ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.
Un juez que no participe en su instrucción del sumario decidirá en los próximos días sobre el encarcelamiento definitivo de Pikabea, que es acusado por la policía española del secuestro del industrial Julio Iglesias en 1993. Estas circunstancias impedirán su entrega a las autoridades españolas, según fuentes del ministerio de Justicia e Interior.
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