Los mil y un carteles colombianos

El negocio de la droga prospera en Colombia, señalan quienes escudriñan en el panorama posterior a la muerte de Pablo Escobar, el legendario jefe del cartel de Medellín, cuyo cuerpo quedó tendido en un tejado el 2 de diciembre de 1993, cuando la policía puso fin a un año de azarosa fuga tras la huida de la cárcel en la que se había recluido voluntariamente a cambio de confesión y rebaja de pena. Seis meses después de aquella muerte, la violencia persiste. La pasada semana, como si Escobar se hubiera levantado de la tumba con todo su séquito de pistoleros listos a apretar el gatillo, las amenazas del narcoterrorismo ensombrecieron el acontecer político, y hay signos de una segunda guerra entre el cartel de Cali y lo que queda del de Medellín.El pasado 21 de junio, unas cintas revelaron contactos de un correo de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, señalados jefes de la organización de Cali, con las campañas del presidente electo, Ernesto Samper, del Partido Liberal, y del Conservador Andrés Pastrana. Samper, que ya es presidente electo de Colombia, rechazó tajantemente el pasado domingo, en este mismo diario y en nombre de ambos candidatos, cualquier tipo de ayuda económica de parte del cartel de Cali, y aseguró: "Desde el principio de la campaña tomé la determinación de no aceptar ningún tipo de ayuda procedente de los narcotraficantes".

Sin embargo, el país sigue en vilo tras una llamada telefónica de un hombre que, en memoria de Escobar, el patrón, llamó el 23 de junio al informativo de televisión QAP y pidió "acciones" contra los Rodríguez Orejuela, cuyo poder, dijo, "es más inmenso que el del mismo Gobierno, ya que contra ellos no hay absolutamente nada". Las amenazas de muerte a Samper; al ex jefe de espionaje Miguel Maza, acérrimo enemigo del cartel de Medellín, quien en la segunda vuelta apoyó a Samper, y contra el fiscal general, Gustavo de Greiff, desataron de nuevo una tormenta que incidió en el aumento de los precios de la droga.

Todo este ajetreo se produce al tiempo que se amplían las plantaciones y la diversificación de los cultivos de marihuana, coca y amapola para responder a la demanda de los adictos a las drogas en Estados Unidos y Europa, donde la expansión del mercado ya no tiene el obstáculo del derruido muro de Berlín. En la reactivación del comercio ilícito desde Colombia parecen influir el férreo control en la frontera mexicano-estadounidense y la decisión unilateral que en abril tomó Estados Unidos (y que anuló el pasado día 24) de suspender la operación de radares en la frontera entre Colombia y Perú, por la que cruzan anualmente unos 10.000 cargamentos aéreos de pasta de coca y cocaína.

"Hay un auge de los cultivos ilícitos de coca. La situación de la Amazonia es preocupante", alertó hace dos meses Gabriel Sandoval, gobernador del departamento del Caquetá, donde el rendimiento por hectárea de coca supera 100 veces los ingresos de la yuca, un producto tradicional y base de la alimentación local.

En Bogotá, Ricardo Vargas, coordinador del Proyecto de Estudio de Drogas Ilegales y su Impacto, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), calcula que a la sombra de tres años de guerra contra Escobar y el cartel de Medellín las plantaciones de coca han pasado de 35.000 a 50.000 hectáreas, y la marihuana se ha consolidado como cultivo ilegal en la norteña costa del Caribe, hasta representar entre el 5% y el 8% del total de ingresos de la economía ilegal. La heroína genera ingresos por unos 900 millones de dólares (unos 120.000 millones de pesetas) anuales.

7% del PIB

El tráfico de sustancias psicoactivas produce 4.500 millones de dólares (unos 600.000 millones de pesetas) al año, equivalentes al 7% del producto interior bruto colombiano, dice Vargas. Cálculos más conservadores señalan que la economía nacional recibe una inyección de entre 600 y 1.200 millones de dólares anuales, en su totalidad lavados a través de mecanismos legales.Otra forma de lavado, semilegal, por medio de intrincadas redes de testaferros, es la compra de tierras en el campo que, según un gerente del Instituto de Reforma Agraria, alcanza a tres millones de hectáreas, más del 10% de los terrenos potencialmente agrícolas.

Un bosquejo del actual mapa de la droga presenta una división territorial en manos de muchos grupos con jefes muy jóvenes, anónimos en su mayoría, que han acumulado gran riqueza y poder en menos tiempo que Escobar y otros capos de la anterior generación de mafiosos. También destaca que, al decapitar a la organización de Medellín, la de Cali es la heredera hegemónica del negocio ilegal; a ésta atribuye la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) el control del tráfico del 80% de la cocaína que circula en los países desarrollados.

Una aproximación como la que intenta el Cinep muestra, además, al cartel de la costa, con predominio en el negocio de la marihuana que ya se produce y exporta en forma de aceite concentrado, y al cartel del eje cafetero, con organizaciones articuladas pero autónomas en Pereira y Armenia, capitales de los departamentos de Risaralda y Quindío, en el que confluyen cocaína, amapola y producción industrial de anfetaminas.

Sin embargo, el frente de la amapola -que se cultiva por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, como el café- está más controlado por el cartel del norte del valle, relativamente distanciado del de Cali, pero en su misma zona de influencia, y por el grupo de Ibagué, capital del departamento central de Tolima, limítrofe con el Huila, en cuya capital, Neiva, fue descubierto en 1993 el primer laboratorio para procesamiento de látex de opio.

Con epicentro en Bucaramanga, opera el cartel de Santander, con influencia en ese departamento y en la región noreste, en dirección a Venezuela. Por último, el cartel de Bogotá, que, según dicen, es tan poderoso que apenas se habla de él.

"Si no fuera porque esos señores han invertido en fincas de recreo, estaríamos peor. Tengo varios hijos y cuando vino la crisis del café, allá por los ochenta, a los cultivadores les dio por tumbar las matas. Menos mal que conseguí coloca [empleo] en una finca donde el trabajo es limpio: soy jardinero".

Comentarios como éste son frecuentes en la zona cafetera de Colombia, que en el último periodo se ha beneficiado del lavado de dinero procedente del narcotráfico, actividad a la que investigadores de la Universidad Nacional le atribuyen la generación de entre uno y dos millones de empleos; la cifra es significativa, porque el registro de la Seguridad Social en todo el país contabiliza 3,5 millones de trabajadores.

En la parte delictiva de cultivo, procesamiento, transporte y aparato militar, hay implicadas entre 15.000 y 20.000 personas.