Caídos por las escuchas

"Pero yo, qué cojones voy a tener cuidado con lo que digo por teléfono". Corría el año 1990 y el interlocutor del entonces concejal popular del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop olvidaba lo ocurrido apenas unos meses antes, en 1989, cuando otra grabación telefónica originó el caso Calpe primero, y el caso Blasco después.Concluido el caso Naseiro -en el que se vio implicado Palop y el ahora presidente regional de los populares, Eduardo Zaplana, además del entonces jefe de finanzas del PP, Rosendo Naseiro-, los políticos valencianos aparcaron el teléfono, pero no las grabaciones, ahora clandestinas, que han convulsionado de nuevo el panorama político autonómico.

El trajín de las cintas en Valencia comenzó, sin embargo, por escrito: con la circular número tres del PSOE valenciano, en el año 1979. "Observaréis, en cabecera de [la] circular, que el contenido de la misma es reservado". Alguno de los concejales a quienes iba dirigida no lo observó, y el documento saltó a la fama: "Deberéis extremar las medidas de control e información, en especial en lo referente a la confección y/o revisión de los planes generales de ordenación urbana".

Pedro Lorca, secretario de política municipal del PSOE valenciano en 1979, continuaba señalando en la circular número tres: "No se os escapará la importancia, tanto política como económica, que tiene para el partido el control de esta contratación [directa]".

El lenguaje oral, por teléfono o cara a cara, que ha venido a sustituir a los documentos para ciertos asuntos políticos, es mucho más vivo: "¿Eh?. Ya se lo explicarás tú y le sacas la pasta. Ya te contaré. Mantén en secreto lo de Sevilla". Eduardo Zaplana, que conversaba con poco secreto con Salvador Palop, había explicado poco antes, muy en broma: "Voy a ver, ahora que han echado a Juan Guerra, voy a ver si lo sustituyo". La policía estaba escuchando con autorización judicial.

El también popular Vicente Sanz, después de. todo aquéllo, no iba a decir por teléfono que estaba en política para 'forrarse". Lo manifestó en un coche, o en una cafetería, o en plena calle. Hablaba con un presunto amigo, o dos, y alguien grabó sus palabras.

Durante las Fallas de 1993, Sanz diseñaba su futuro político, con un gran pelotazo final, que despejaría las dudas económicas tras su jubilación. Ahora eran personas del entorno del PP quienes escuchaban, sin autorización judicial. Siempre en un tono de broma, como se hacen estas cosas. Los deseos de "fórrarse" le han costado a Sanz el puesto de presidente provincial del PP en Valencia.

Unos años antes, en 1990, el fiscal Beltrán acusé, sin éxito, al entonces consejero socialista de Obras Públicas, Rafael Blasco, quien fue absuelto de manipular una venta de suelo público. Las cintas del caso Blasco, como ocurriría después con las del caso Naseiro, pecaron de vicios procesales, y el ministerio fiscal se quedó sin pruebas de cargo en ambos asuntos.

Hace tres meses, la psicosis llevó al PP a denunciar, también sin pruebas, que altos cargos socialistas de la Diputación de Valencia espiaban a sus compañeros. El juez archívará pronto la denuncia, pero el caso le ha costado el cargo al vicepresidente de la Diputación, el socialista Vicent Vercher, quien, por si acaso había cables o micrófonos, un viernes levantó la alfombra de su despacho y encontró unas "cosas de la tintorería" ciertamente sospechosas.

La actitud de Vercher no fue bien acogida en el partido, donde se le recriminó que daba credibilidad a la estrategia del PP. Los expertos policiales constararon que esas "cosas de la tintorería" eran cosas de la tintorería.

Tras la denuncia popular, sin embargo, apareció un concejal socialista en Valencia, Manuel Mata, quien, sin que nadie se lo hubiera preguntado, confesé haber grabado secretamente la conversación que mantuvo en un despacho oficial con el gerente de una empresa pública. La cinta fue enviada al fiscal. Mata pretendía demostrar que la trama denunciada por el PP se reducía a esa grabación, pero el lío que montó aún se recuerda en el Partido Popular.

La lista de caídos por las escuchas no se detiene en los implicados del caso Naseiro, ni en Sanz o Vercher. El ex consejero Rafael Blasco no fue destituido por el caso Blasco, como pudiera pensarse con lógica, sino por el llamado caso Calpe, de 1989, donde unas escuchas -éstas, finalmente, legales- implicaban a funcionarios de su departamento, el de Obras Públicas.

Los sospechosos pedían 300 millones para favorecer una recalificación y fueron condenados por ello. Blasco no estaba inculpado, pero la investigación permitió llegar al otro asunto, el caso Blasco, sobre el extraño intento de venta de unos terrenos públicos. Tampoco en el caso Naseiro buscaba inicialmente cohechos el juez Manglano, sino pruebas contra unos narcotraficantes.