Campaña para que 13.000 empresas adopten arbitraje voluntario

Contar en la puerta con el distintivo oficial que indica al consumidor que el establecimiento se ha adherido al sistema arbitral de consumo, puede ser decisivo para que el cliente opte por un determinado comercio o empresa. Éste es el argumento con que dos organizaciones de defensa al consumidor -CECU y UCE- y una asociación de vecinos -AAVV-, intentan convencer, por carta, a unas 13.000 empresas españolas para que adopten el arbitraje voluntario como una vía imparcial para que establecimiento y consumidor resuelvan conflictos.

Desde que el sistema arbitral voluntario de consumo se puso en marcha en 1986, en España se han constituido 28 juntas arbitrales, municipales, autonómicas y nacionales. Unos mil establecimientos y empresas se han adherido ya al sistema que compromete a que, en caso de reclamación, comercio y usuario sometan el caso a una junta arbitral integrada por un representante del sector empresarial, un miembro de la Asociación de Consumidores y un licenciado en derecho representando a la Administración, que es quien la preside. En un máximo de cuatro meses, la junta dicta un laudo equivalente a una sentencia judicial y de cumplimiento obligado.Según María Rodríguez, presidenta de la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU), el aumento durante estos años de solicitudes de arbitraje "ha sido constante y progresivo". Hasta junio de 1993 se han presentado 14.417 solicitudes de arbitraje, de las que 5.875 fueron presentadas por asociaciones de consumidores. La media del número de las solicitudes admitidas a trámite a lo largo de estos años se sitúa en el 96%, lo que "indica que el filtro previo que supone la presentación a través de asociaciones de consumidores o de organismos públicos de defensa del consumidor representa una garantía de que sólo se instan reclamaciones debidamente fundadas".

Tintorerías y bancos

Los tintoreros son los comerciantes que más se han adherido al sistema, lo que explica que figuren en el tercer puesto entre los sectores más reclamados. En cambio los usuarios tienen tradicionalmente numerosas quejas con los bancos, que no figuran en estas estadísticas, porque es el sector que más ha evitado someterse a este sistema.Según Salvador Navarro, secretario general de UCE -Unión de Consumidores de España-, la opción de la banca de ofrecer al usuario un defensor del cliente pagado y dependiente de estas empresas "no es una solución válida". Entre las grandes empresas públicas que se han apuntado al sistema figuran Renfe y Telefónica. La Junta de Madrid es la única que ha experimentado cierto retraso en la solución, con una media de seis meses de espera.