Giro en el 'caso PSV'
EL AUTO de prisión incondicional dictado por el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, contra el ex gerente de la cooperativa de viviendas PSV, Carlos Sotos, supone un cambio radical en el proceso de investigación de las responsabilidades en este fiasco inmobiliario. El juez cree haber encontrado indicios fundados de que la volatilización de miles de millones de pesetas entregados por los cooperativistas no es sólo consecuencia de una mala gestión, sino también de una actuación delictiva.Que Moreiras haya tomado contra Sotos la más dura de las medidas posibles, la prisión incondicional, ya no sorprende a nadie. El síndrome Roldán parece operar sobre los jueces en los que recae cualquier caso de especial relevancia social. De forma sistemática los magistrados recurren a la prisión incondicional, aunque semanas después se revise esta decisión por la libertad bajo fianza, como ha ocurrido con Mariano Rubio y ayer mismo con Manuel de la Concha. Las acusaciones contra Sotos deben estar muy definidas y ser tan graves que hagan temer por su posible fuga para justificar el auto de prisión.
El juez ha otorgado credibilidad a las imputaciones de apropiación indebida y estafa presentadas en las querellas de las asociaciones de afectados. Y ha considerado que el máximo responsable del desaguisado, Carlos Sotos, debe ingresar en prisión, dadas las penas que pudieran corresponderle. La versión de Sotos de que el dinero de los cooperativistas fue utilizado legalmente comienza a desmoronarse. La arrogancia con que ha despreciado todas las protestas de los querellantes no le ha servido.
En estas circunstancias es comprensible la creciente preocupación de la anterior ejecutiva de la UGT. El giro que han tomado los acontecimientos proyecta sobre el sindicato patrocinador del proyecto inquietantes presagios. Hasta ahora la dirección del sindicato ha alegado ignorancia por parte de sus dirigentes sobre la marcha real de las empresas integrantes de PSV. El juez deberá comprobar si realmente existió esa ignorancia y, en caso afirmativo, si ello exime al sindicato de cualquier responsabilidad. En este sentido irán con seguridad las preguntas a las que deberán responder en su comparecencia ante el juez, a partir de la próxima semana, varios miembros de la anterior ejecutiva de la UGT, incluido Nicolás Redondo.
El desastre social que ha dejado tras sí el fracasado proyecto de PSV ha sido enorme. Ninguna conducta o actuación que haya podido contribuir a provocarlo puede quedar impune, incluidas las de carácter penal, si han existido. Que la justicia actúe e investigue este tipo de responsabilidades no debe suponer un obstáculo añadido en la búsqueda de soluciones para los frustrados cooperativistas de PSV.
