"Me han robado hasta la vida"

"Me han robado la sonrisa y hasta la vida", susurra Marta Bagué, asistenta social de profesión, ex vendedora de leasing y accionista de Grand Tibidabo. Mercedes Badosa y Marta Verdaguer secundan esta opinión, compartida por el resto del equipo comercial del antiguo CNL, que estuvo dirigido por el astuto ex gerente José Ruiz hasta que Javier de la Rosa irrumpió con una OPA y colocó el pomposo frontispicio de Grand Tibidabo.

Una razón social de resonancias, modernistas y enormes vínculos en la vida civil de Barcelona. Grand Tibidabo es el supuesto aumentativo de Tibidabo a secas, antigua propiedad de la familia del doctor Andreu, cuyo último heredero -el consejero del holding Juan Antonio Andreu- abandonaba ayer la reunión de accionistas con el gesto compungido: "Quizá tendremos que dimitir". A su espalda, centenares de sufridos accionistas increpaban al consejo. "¡Ladrones; a la cárcel; os habéis comido el ahorro de 9.000 familias! ¡Exigimos responsabilidades políticas a la Generalitat!".

La accionista Joaquima Casals exigió que los consejeros revelaran sus ingresos: "¿Explíquennos el contrato blindado de los consejeros; por ejemplo, el del señor Casinello, ex director de la Expo de Sevilla. ¿Es cierto que Casinello cobra 50 millones al año y además la empresa le ha regalado un Jaguar?".

Subía la tensión en la sala; el presidente, Joan Cruells, respondió escuetamente: "Pueden encontarlo ustedes en la memoria".

Casi tres horas después del inicio de la junta, el secretario, Joan Carles Piqué -hijo del penalista Joan Piqué Vidal, dimisionario del consejo hace apenas unos meses y representante legal de De la Rosa en todos los frentes-, empezaba el recuento de papeletas para aprobar las cuentas del ejercicio. En pocas horas la compañía había pasado de un beneficio de 16 millones de pesetas a unas pérdidas de 11.000 millones. Los asistentes no lo podían creer. "¿Cómo les cuento yo a mis clientes que sus acciones de Grand Tibidabo valen menos de 100 pesetas cuando hace apenas tres años las compraron a 3.000", exclama un gestor de cuentas, directivo del Grupo March.

En los pasillos de un céntrico hotel donde se celebra la junta, Josep Lluís Rovira, ex presidente de la patronal Pymec, justifica así su presencia en el polémico consejo: "Yo no soy un testaferro de De la Rosa; ¡tengo acciones!". La diáspora de los pequeños accionistas tiene también un impensable sesgo piadoso. Algunos paquetes importantes están controlados por las comunidades de bienes de diversas órdenes religiosas y por varias tesorerías episcopales.