Gobierno de ley

EL PARTIDO Popular ha tomado la delantera al PSOE al presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del Gobierno y de la Administración pública con el objeto de delimitar más nítidamente que hasta ahora los contornos políticos y administrativos que confluyen, se sobreponen y a veces se confunden en el entramado organizativo de las administraciones públicas. Durante años, el PSOE ha barajado la idea, pero nunca se ha atrevido a plasmarla en ninguna norma, ni siquiera cuando ha tenido una ocasión de oro para hacerlo: la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 26 de noviembre de 1992. La iniciativa del PP no es, pues, en absoluto artificiosa: responde a un problema real que no ha hecho sino agravarse en los últimos años, y desarrolla aspectos constitucionales que incomprensiblemente han permanecido en el olvido, como la regulación del estatuto de los miembros del Gobierno.Puede discutirse a qué nivel jerárquico debe discurrir la línea- divisoria entre cargos políticos y administrativos, pero de lo que no cabe duda es de que en un Estado democrático moderno en el que la alternancia política funcione con normalidad, las administraciones públicas deben estar protegidas en lo posible de los vaivenes del poder. Como axioma político-constitucional, ninguna objeción cabe hacer, pues, a lo afirmado por el portavoz parlamentario del PP, Rodrigo Rato, en la presentación de la propuesta de su partido en la Mesa del Congreso de los Diputados: "Se pretende que la Administración no quede al capricho del partido del Gobierno, sino que dependa de la ley y del derecho", ha dicho el dirigente popular.

Para el PP, el subsecretario ministerial debe ser un cargo administrativo, que quede fuera del ámbito de la libre designación. De ahí hacia abajo, todos los miembros de la Administración serían funcionarios profesionales; ninguno de sus actos sería estrictamente político. Tendrían carácter administrativo y, por tanto, siempre podrían ser revisados por los tribunales de justicia. La propuesta es ciertamente discutible, pero apunta en el sentido correcto: la reducción de los altos cargos de designación directa, la "funcionarización" de la cúpula directiva de la Administración del Estado y el sometimiento, salvo casos muy concretos, de la actuación ordinaria del Ejecutivo al control de legalidad y a la exigencia de responsabilidades.

El PSOE ha tildado de "demagógica" y de "revanchista" la receta del PP, y ha acusado a éste de no aplicarla allí donde ejerce el poder. Pero, aunque así fuera, no por ello es menos cierto que la propuesta es, en lo sustancial, constitucional y políticamente irreprochable, y que responde a exigencias de economía presupuestaria y de racionalidad organizativa difícilmente cuestionables. En todo caso, tiempo ha tenido el PSOE de clarificar de acuerdo a sus criterios las reglas de actuación del Ejecutivo en la cúpula político-administrativa del Estado. ¿O es que esos criterios eran más bien dejar las cosas como están y no modificar una situación que pern-úte al Gobierno actuar prácticamente a su antojo en la política de nombramientos? Las quejas y reproches socialistas carecen, por tanto, de fundamento. Parecen el ladrido del perro del hortelano.

Los altos cargos suprimibles podrán o no ser 5.000, como quiere el PP, y desde luego las estimaciones de ahorro presupuestario parecen claramente demagógicas; los nombramientos de libre designación deberán o no detenerse en el nivel de subsecretario; los actos del Gobierno tendrán o no carácter administrativo sin excepción alguna y estarán o no sujetos en su totalidad al control de los tribunales. Son cuestiones políticamente controvertidas, y alguna de ellas hasta constitucionalmente.

Pero todo ello debe ser sometido a debate político, y lo que no admite discusión es que el PSOE ha inflado la nómina de los altos cargos hasta límites difícilmente soportables desde criterios organizativos y presupuestarios. Ha abusado de los nombramientos a dedo en las más diversas áreas administrativas y ha manifestado una peligrosa tendencia a eximir a sus actos de gobierno de los controles jurídicos exigibles en un Estado de derecho. La propuesta del PP merece que todos los grupos parlamentarios le presten la atención. Y urge que se ponga orden en un ámbito tan propicio a la corrupción y oneroso al erario público.