Debate en Estados Unidos sobre la libertad de la televisión por cable

Un Tribunal Supremo dividido aprobó el lunes algunos aspectos de la regulación de la televisión por cable en los Estados Unidos, que suponen un paso en el sentido de equiparar el grado de libertad de aquella con el que ya tiene la prensa escrita. Pero la decisión judicial no provocará un impacto inmediato, porque ha dejado sin resolver el principal punto de. controversia: que, según la ley recurrida, las compañías de cable han de reservar un tercio de su capacidad para retransmitir la señal de las emisoras locales de televisión.Los jueces decidieron por cinco votos a cuatro que el Estado debe presentar más pruebas para justificar el argumento del Gobierno, en el sentido de que esa reserva de retransmisiones es indispensable para mantener la viabilidad económica de la televisión convencional. De modo que el caso ha de volver al tribunal que originalmente entendió del asunto.

Lo ocurrido es sólo una victoria limitada y teórica para la industria del cable, a la vista del alegato del ponente, el juez Antonhy M. Kennedy, y de lo dividido de la decisión.

Monopolios

El juez Kennedy afirma que las normas de retransmisión obligatoria "están justificadas por las especiales características del medio del cable: el poder monopolista de obstaculización ejercido por los operadores de cable y el peligro que ese poder plantea a la viabilidad de las televisiones de emisión convencional".Cuando un hogar está equipado para recibir transmisiones por cable, -lo cual ocurre en el 60% de los hogares norteamericanos-, muchos espectadores ya no pueden ver las emisiones convencionales de televisión y deben conformarse con las ofertas que el sistema de cable decida proporcionar. De ahí que la ley de 1992 exija a la mayoría de los sistemas de cable que dediquen una tercera parte de su capacidad para retransmitir los canales convencionales.

Como se esperaba, la industria del cable recurrió contra esta ley basándose en la Primera Enmienda a la Constitución.

El Supremo nunca había definido un lugar para la televisión por cable dentro del ámbito relativo a la Primera Enmienda, en el que se da la protección constitucional más completa a la prensa, y una protección mucho más limitada a las emisoras, basándose en que la escasez de frecuencias de emisión hace necesaria la regulación. Pero el juez Kennedy dice que, como el cable no tiene limitaciones físicas similares, la argumentación para una protección limitada en el sentido de la Primera Enmienda no es válida.

Sin embargo, al citar el papel del operador del cable como posible "obstáculo o cerrojo", el juez añadió que no puede pasar se por alto la posibilidad de que se abuse de este poder privado, y de ahí la posibilidad de que el Estado tome medidas para garantizar que los intereses privados no restrinjan la libre circulación de información e ideas.