Cargos socialistas conspiraron para realizar el fraude de las oposiciones vascas

Miembros del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y de la UGT conspiraron, tras formar un grupo de presión en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), para colocar de forma definitiva a 363 personas, muchas de ellas afines al partido y al sindicato, en puestos clave de la Administración sanitaria vasca. El cambiazo de exámenes fue el método usado para favorecer a ese grupo en las oposiciones de 1990, a las que se presentaron 50.000 personas. El dictamen provisional de la comisión del Parlamento vasco que ha investigado el caso atribuye toda la responsabilidad política al ex director de Osakidetza el socialista Mario González. Este dimitió recientemente como asesor del delegado del Gobierno en Euskadi y se dió de baja en el partido.El "fraude masivo", según el dictamen de la comisión, fue posible debido a una red de poder paralelo que dio cobertura a sus autores materiales. Formaban la red Mario González; el ex director de Gestión Económica, Pedro Perez, ahora encarcelado; Jorge Tapia, que asumió las labores de gestión de personal tras dimitir su responsable, e Isabel Herrero Lebrero, una "comisaria política", dice el dictamen, contratada irregularmente por González. Todos ellos con la "complacencia" de Félix Urruela, responsable de la Asesoría Jurídica.

Este "grupo de poder político", cita el dictamen, "estuvo consolidado, en cuanto a sus integrantes y ámbitos de actuación, por lo menos dos meses antes del final de la legislatura. En ese momento, coincidente con la realización del fraude, ese grupo se adueñó de la cúpula dirigente de Osakidetza, salvo la secretaría general y la dirección de Gestión Sanitaria".

Autores materiales

El secreto del sumario que mantiene el juez del caso, Gregorio Álvarez, ha impedido identificar a los autores materiales del cambiazo, investigación que realiza el juzgado y por la que tres opositores relacionados con el PSE siguen en prisión.Las conclusiones ponen fin a tres meses de traba o parlamentario, y a un proceso que comenzó en 1990 con la convocatoria de la mayor oferta pública de empleo del País Vasco. Los números fueron impresionantes: 50.000 opositores y 90.000 exámenes para conseguir una de las 2.500 plazas en concurso.

La clave de la seguridad del proceso se basaba en la separación de los datos de los opositores y sus hojas de examen. Los datos serían custodiados por una empresa, ICSA, y los exámenes sería corregidos por otra, Euro Appraisal. Sin embargo, fue la misma red de poder que diseñó el proceso la que contrató a dedo a ambas empresas, vulnerando la ley de adjudicaciones directas por superar la cuantía permitida, y la que, llegado el momento, hizo que los datos y los exámenes que les interesaban coincidieran.

Pero todo se precipitó. La oposición, celebrada del 3 al 15 de diciembre de 1990, coincidió con el periodo posterior a las elecciones autonómicas de octubre de ese año.

Todo hacía suponer que la coalición PNV-PSE iba a continuar gobernando el País Vasco, pero sus conversaciones fracasaron y surgió un pacto entre nacionalistas. Los socialistas se vieron obligados a abandonar Osakidetza, y la prisa pudo condicionar que el cambiazo fuese una verdadera chapuza. El cambiazo se realizó en Madrid entre los meses de enero y marzo de 1991, posiblemente en la sede de Euro Appraisal.

Tan sólo dos meses después, en mayo, el sindicato nacionalista ELA-STV ponía la primera denuncia que abrió el proceso que, con notables inconvenientes, terminó en marzo de 1994 con la creación de la comisión de investigación.