El PP pide la dimisión de Alavedra por irregularidades en la gestión del ICF

El portavoz del Partido Popular en el Parlament de Catalunya, Josep Curto, pidió ayer "la dimisión irrevocable" del consejero de Economía y Finanzas, Maciá Alavedra, tras haber advertido "graves irregularidades" en los créditos concedidos entre 1987 y 1992 por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El PP anunció ayer que remitirá un informe al fiscal jefe de Cataluña y ha solicitado la creación de una comisión parlamentaria de investigación. Los portavoces populares han exigido la comparecencia parlamentaria de Jordi Pujol.Las propuestas del PP son el resultado de la revisión de los 124 expedientes de créditos concedidos por el ICF que están impagados, morosos o en situación de ejecución judicial, llevada a cabo el último mes por Josep Curto y la diputada del mismo partido Dolors Montserrat.

Como resultado de esa investigación, el PP afirma: "Se han advertido irregularidades en la concesión de créditos por 3.000 millones de pesetas, lo que representa el 17% de la inversión total del ICF". En la conferencia de prensa de presentación de sus conclusiones, Josep Curto señaló que es posible que las irregularidades en la concesión de los créditos alcancen a otros 3.000 millones de pesetas correspondientes a expedientes normales.

Además de la dimisión del titular de Economía, el portavoz del PP exigió el cese inmediato del director general del ICF, Ernest Sena, y "la suspensión cautelar de los miembros de la junta de gobierno".

El Departamento de Economía emitió ayer un comunicado en el que señala que desde la creación del ICF ha sido objeto de un informe de fiscalización por parte de la Sindicatura de cuentas. Asimismo destaca que el ICF da préstamos y avales "a actividades de riesgo", que el índice de morosidad es de un razonable 6,79% y replica que el informe está lleno de falsedades.

Las irregularidades denunciadas por el PP se refieren a la concesión de créditos sin el acuerdo previo del Gobierno de la Generalitat (seis casos, con un volumen total de 340 millones de pesetas), mientras que el 80% de los créditos analizados estaba calificado como de alto riesgo y contaba con informes que desaconsejaban su concesión.

Según el PP, varios de los préstamos se dirigieron a empresas relacionadas con diputados de Convergéncia Democrática y Unió Democrática.