Diez años de luto

El 10 de agosto de 1984, una tragedia quebró las plácidas vacaciones de millones de españoles. En el banco sahariano, 28 pescadores del Islamar III eran devorados. por un mar enfurecido. Sólo dos pudieron contar el naufragio, provocado por una mala distribución de la carga. Diez años después, 22 viudas, 58 huérfanos y 2 madres solteras de Isla Cristina (Huelva) continúan pendientes de la ejecución de una sentencia que condenó a los armadores a pagar 188 millones de indemnización por negligencia.

Ya no llevan pantalón corto los huérfanos del Islamar III en Isla Cristina (Huelva). A los 10 años de ocurrir el naufragio han alcanzado la mayoría de edad. Muchos de los 58 niños que se quedaron sin padre han dejado de percibir la pensión. Los que estudiaban tendrán que dejar sus estudios. A las madres viudas no les llega para sostenerlos e ignoran cuándo percibirán, si es que algún día llega, la indemnización por la muerte de sus maridos. Hace ya 10 años de la tragedia. En 10 años la justicia no ha sido capaz de concluir un proceso que no presenta, aparentemente, excesiva complejidad.En la madrugada del 10 de agosto de 1984, el pesquero Islamar III, propiedad de la Unión Salazonera Isleña, SA (USISA), navegaba desde la costa sahariana marroquí hacia Las Palmas con 28 tripulantes a bordo y sus bodegas llenas de sardinas. El mal tiempo reinante produjo varios corrimientos sucesivos de la carga. Eran las dos menos diez de la mañana cuando el pesquero comenzó a escorarse a babor. La inminencia del naufragio produjo tal nerviosismo entre la tripulación que las tareas de salvamento se ejecutaron atropelladamente.

Arriaron la primera balsa, pero quedó inservible al golpearse con el puente del barco; la segunda se destrozó al tirarse sobre ella un tripulante; al lanzar la tercera partió la antena de radioteléfono con la doble nefasta consecuencia de romperse la balsa e inutilizar las comunicaciones de auxilio. No hubo tiempo para lanzar la cuarta y última balsa ni para destrincar el bote auxiliar. Para entonces ya se había hundido el pesquero.

A la mar sin radiobaliza

Cuando quisieron lanzar las bengalas estaban mojadas. El pánico se apoderó de los tripulantes, incapaces de colocarse los chalecos y lanzar los salvavidas. Se amarraron como pudieron a los corchos de las artes de pesca, y encararon la, noche zarandeados por una mar embravecida, sin posibilidad de pedir socorro. El barco había salido a la mar sin radiobaliza. Sólo sobrevivieron el segundo patrón, José Martín Lozano, y el marinero Pedro López Beltrán.Pepi Rodríguez perdió a su marido cuando sus dos hijos tenían tres y dos años. Los armadores del barco le dieron, como al resto de las viudas, un millón de pesetas en el reparto del rescate del seguro del barco. "Lo más grande que yo había perdido no me lo podían devolver. Ahora lucho por mis hijos. Yo les digo a ellos: lucho para que tantos niños como ustedes no se queden igual". Con el desastre del Islamar III, Pepi, sus 21 compañeras y otras dos madres solteras perdieron a sus hombres y su fuente de ingresos.

Una mano amiga de la Asociación pro Derechos Humanos de Madrid les buscó un abogado en las islas Canarias. Víctor M. Santana Pérez logró que la Audiencia Provincial de Las Palmas estimara su apelación contra la sentencia de un juzgado que había absuelto de un delito de imprudencia a los armadores del Islamar III, Román Pérez Caballero y Juan Vázquez Méndez, quienes en la época del naufragio desempeñaban la presidencia y gerencia, respectivamente, de USISA.

En su sentencia del 11 de junio de 1993, la Audiencia estimó que la inadecuada compartimentación de la bodega del barco tuvo una influencia decisiva y fue el motivo más importante en la producción del siniestro: "De dicha falta aparecen penalmente responsables el consejo de. administración de USISA, al haber omitido la precaución, cuidado y atención a que el cargo les obligaba, permitiendo que el motopesquero se hiciese a la mar con una inadecuada compartimentación de la bodega, lo que, a la postrel- en momento de fuerte temporal produjo un corrimiento de la carga, que culminó con el naufragio del buque, que tampoco llevaba radiobaliza de localización de siniestros, cuya presencia con toda seguridad hubiera mitigado el abandono en el que se vieron los náufragos".

La sentencia consideraba penalmente responsables a los acusados y les imponía una pena de cinco días de arresto, 50.000 pesetas de multa e indemnizaciones de ocho millones de pesetas a cada una de las 22 viudas; cinco millones a dos madres solteras y un millón a cada uno de los dos supervivientes.

Desde junio del año pasado, las viudas del Islamar III han batallado sin éxito para que se ejecute la sentencia. Nadie las apoya en Isla Cristina, ni los sindicatos del mar ni las confradías de pescadores. Sobreviven como pueden: Pepi Rodríguez hizo un curso de cocina y trabaja en un hotel local; Micaela Lozano consiguió un quiosco; otras se mantienen de la limpieza en casas particulares. Los abogados que asumieron su causa en Las Palmas no les han cobrado nada. Ni siquiera les conocen. Hasta que no cobren ellas no les pasarán su minuta.

Los juzgados de Las Palmas han dictado exhortos para el embargo de las propiedades de los armadores para hacer frente a las indemnizaciones. "Si la justicia ha visto que hay negligencia, por muy poderosos que sean los responsables, ¿se van a burlar de la sentencia?", se pregunta Pepi Rodríguez. Los armadores, del Islamar III mantienen su actividad pesquera por toda el litoral onubense y la costa marroquí. Pepi, Micaela, Josefa, Casimira y las demás viudas no creen que sean insolventes. En todo caso, desean que nunca más se eche a la mar un barco sin radiobaliza.