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Los médicos piden a la Administración un fondo para indemnizar a los pacientes

Las demandas civiles por errores profesionales se ha elevado a 600 anuales

Los médicos españoles quieren que la Administración disponga de un fondo que afronte las indemnizaciones que piden los pacientes ante sus posibles errores. Se sienten "indefensos", dicen, ante la proliferación de reclamaciones que, a veces, consiguen sentarles en el banquillo. Creen que un fondo como el propuesto evitaría muchos juicios. Los juristas, sin embargo, opinan que el nivel de denuncias es bajo. El número de demandas civiles ronda las 600 de las cuales la mitad quedan archivadas. En realidad, sólo el 5% terminan en condenas a médicos.

Las reclamaciones judiciales contra el Insalud fueron 339 en 1992; la mitad aproximadamente, penales. En 1993, el número se incrementó un 7%. "Teniendo en cuenta que en España se realizan cerca de un millón de intervenciones quirúrgicas al año, es una cifra muy pequeña", afirma el subsecretario de Sanidad José Conde.Según la empresa mediadora de seguros Uniteco Profesional, que cubre alrededor del 40% de los 126.000 médicos en ejercicio, en 1994 se producirán 1.500 actos médicos en toda España que darán lugar a alguna reclamación. El 94% será en la medicina pública; de ellos, unos 900 se resolverán por vía administrativa con acuerdos con la Seguridad Social. El número de demandas civiles ronda las 600 anuales; la mitad se archivan. Según Uniteco, las condenas se sitúan en torno al 25%. El catedrático de Derecho Civil Fernando Pantaleón estima, sin embargo, que las condenas contra médicos no llegan al 5%.

"La preocupación de los médicos es justificada, pero sólo en parte", afirma Pantaleón. "Las reclamaciones por responsabilidad civil probablemente se han multiplicado por 30 en los últimos 10 años, pero ni el número de condenas ni la cuantía de las indemnizaciones es alarmante. Los jueces españoles no tratan con dureza a los médicos. En el 80°/o de los casos se condena al Insalud o a los hospitales", explica.

Sensación de acoso

Los facultativos, sin embargo, dicen sentirse "perseguidos e indefensos", y trazan un panorama desalentador de abogados ávidos y de pacientes en busca de indemnizaciones. Consideran que los jueces no están bien asesorados en temas médicos, lo que en su opinión da lugar a condenas injustas. Los participantes en unas jornadas sobre responsabilidad profesional celebradas el pasado fin de semana en Madrid se mostraron indignados con una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 1993 que condenó a una anestesista de Oviedo por no haber practicado una prueba de alergia a un paciente que falleció durante la anestesia. "Si tuviéramos que practicar este tipo de pruebas antes de todas las intervenciones se bloquearían los hospitales de toda España", asegura Gonzalo Martín Barrera, jefe del Servicio de Anestesia Infantil del Hospital La Paz.

"Los pacientes tienden a no aceptar los riesgos normales de muchas intervenciones", opina José Zamarriego, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, especialidad que acumula junto a anestesiología el mayor número de demandas. "El médico sale en la prensa con nombres y apellidos, tenga la culpa o no, algo que no ocurre con muchos delincuentes", afirma Javier Matos, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. "Hay que animar a los facultativos a que reclamen a su vez por daños y perjuicios cuando son absueltos".

Una forma de evitar la proliferación de demandas judiciales sería la creación de un fondo compensatorio, en el que deberían participar la Administración, las sociedades científicas y las asociaciones de consumidores, para indemnizar los errores de los que los médicos no son responsables. "Este fondo podría crearse con una parte de lo que cotiza cada trabajador a la Seguridad Social y debería ser administrado por los propios usuarios", explica Juan José Rufilanchas, jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Doce de Octubre de Madrid.

Su situación de indefensión se agrava, según denuncian, porque el Insalud no dispone en la actualidad de ninguna póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de sus trabajadores y las pólizas que deben pagar son cada vez más elevadas. El ministerio, según el subsecretario José Conde, "está negociando" con la Organización Médica Colegial el establecimiento de una póliza compartida o simultánea. Sanidad estudia además la creación de una comisión de expertos "que establezca una especie de guía de la buena práctica médica, para asesorar a los jueces", según explica Conde. Los documentos de consentimiento informado del paciente, una de las reclamaciones más insistentes de los facultativos, se implantarán en casi todos los hospitales del Insalud antes de año y medio, según Conde.

Los profesionales reclaman también la elaboración de protocolos de asistencia y de baremos de daños. Muchos reconocen sin embargo "que es necesaria una cierta autocrítica de actitudes no muy éticas que desmoralizan al paciente", según Juan Carlos de Lucas, traumatólogo de la Fundación Jiménez Díaz.

207 millones por una oligofrenia

Una de las sentencias más duras impuestas en España contra un médico es la que condenó, en noviembre de 1993, a un cirujano del Hospital de Cruces, en Barakaldo (Vizcaya), a indemnizar con 207 millones de pesetas a los padres de una niña de siete meses que quedó oligofrénica tras administrarle un enema intestinal en 1983.La paciente sufría una oclusión intestinal debida a una afección detectada al nacer, pero el médico no consultó su historial.

Entre las condenas más altas figuran la de una comadrona de Gerona condenada a una indemnización de 120 millones, en 1992, por causar graves lesiones cerebrales a un bebé que quedó inválido, tras aplicarle incorrectamente una ventosa obstétrica en el parto y la de un anestesista del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, al que se impuso una indemnización de 175 millones, el pasado año, por causar el coma irreversible de un paciente que iba a ser intervenido de una luxación.

Los facultativos consideran que uno de los problemas de la justicia española es la falta de criterios comunes entre los jueces a la hora de fijar las indemnizaciones.

"Una lesión parecida puede dar lugar a condenas que oscilan entre los 20 o los 100 millones", afirma el ginecólogo José Zamarriego. "Otras veces ocurre que muchos afectados recurren a la vía penal con un afán indeterminado de justicia, aunque en realidad no buscan que el médico vaya a la cárcel, sino que se reconozca el supuesto error que han sufrido", explica Luis Rodríguez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense. En la mayoría de los casos, el Insalud o las administraciones autonómicas se hacen cargo subsidiariamente de las indemnizaciones impuestas a los médicos. En el campo privado, los facultativos se aseguran esta eventualidad mediante pólizas de seguros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de junio de 1994

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