Las prisas de Aznar

ENTRE LAS prisas y la calma, Aznar eligió ayer lo primero, y no es seguro que haya acertado. Es probable que esta legislatura esté herida de muerte y no pueda agotar su plazo de cuatro años; pero de ahí a concluir, apenas ocho días después de las elecciones europeas, que no hay más salida que disolver las Cámaras inmediatamente y convocar a la ciudadanía a la urnas media un abismo. El planteamiento de Aznar consiste en negar que pueda haber estabilidad política mientras siga gobernando González; por tanto, el actual Gobierno no tiene capacidad para superar las incertidumbres que dificultan la salida de la crisis económica. Se trata de la clásica profecía autocumplida: nada puede resultar más desestabilizador que la impugnación por parte de la oposición de la legitimidad del Gobierno para seguir gobernando.Ese planteamiento puede reforzar el frente antigubernamental, pero dificilmente contribuirá a afianzar la adhesión a cualquier proyecto alternativo. En ese sentido defraudó ayer Aznar, por más que sus críticas al Ejecutivo fueran en muchos casos oportunas, y totalmente pertinentes sus exigencias de explicaciones: qué piensa hacer González y en qué términos se plantea la renovación del apoyo de Pujol. Tras una campaña marcada por las descalificaciones sectarias, se esperaba de la primera comparecencia pública del líder del PP un planteamiento en positivo que permitiera pasar del rechazo al Gobierno a la afirmación de una oferta diferenciada. Para echar a un Gobierno basta que el rechazo al mismo sea mayoritario; para gobernar hace falta contar con un proyecto capaz de suscitar apoyos suficientes en diferentes sectores de la sociedad.

Algo así esperan no sólo muchos votantes, sino también algunos dirigentes del PP, cuyo realismo les inclinaba a pensar que la impaciencia sería ahora mala consejera. Abel Matutes declaraba el domingo: "No vamos a forzar las elecciones generales ni a desestabilizar; pero esperamos una salida". Algo parecido dijo Rodrigo Rato, que ya en el último mitin de campaña había pedido un pacto entre el PSOE y el PP sobre los principales problemas económicos, autonómicos e institucionales. Aznar parecía alinearse con ellos, a juzgar por la mesura de sus reacciones en la noche electoral.

La perspectiva de un tránsito tranquilo, con un calendario pactado, que esas manifestaciones parecían abrir es seguramente la más favorable para un sistema democrático tan falto de experiencia y tradiciones como el nuestro. Pero implica, como una cuestión previa, que la oposición acepte la legitimidad del Gobierno en plaza. Lo contrario supone quebrar las reglas de juego del sistema parlamentario y establecer un precedente envenenado: el de que cada convocatoria electoral anula los efectos de la anterior, cualquiera que sea su naturaleza.

Aznar fue demasiado lejos al considerar que los resultados del día 12 significan el "deseo mayoritario de reconsiderar la actual situación parlamentaria, independientemente de lo que opinaran hace un año". Anque fuera cierto que "los ciudadanos han modificado sus preferencias electorales" respecto a las generales de hace un año, ello no basta para considerar clausurada o inviable la legislatura. La Constitución establece mecanismos tasados para trasladar esa convicción subjetiva al terreno institucional: la moción de censura, a iniciativa de la oposición, y la de confianza, planteada por el Gobierno. Mientras no se dilucide en esos términos, la supuesta deslegitimación tendrá el valor de una opinión subjetiva, y abusar de ella resultará siempre peligroso.

Es posible, sin embargo, que este pronunciamiento de Aznar sea sólo una forma de hablar fuerte: de plantear lo más para garantizar lo menos. A sabiendas de que González no podrá demorar su propia respuesta, Aznar habría salido con el órdago de la disolución a fin de forzar el acuerdo sobre un calendario político. Pero aun así sería incoherente ampararse en el argumento, caro a González, de que lo que conviene a la propia cofradía es bueno para todos porque "evita incertidumbres".