Los adultos también necesitan tutela

La Comunidad tutela a 132 adultos madrileños. Son enfermos mentales que no pueden regirse por sí mismos ni administrar sus bienes y están solos. Después de que un juez sentencia su incapacitación legal como medida para protegerles, si ningún familiar se hace cargo de ellos, es el Gobierno autónomo el que se ocupa de sus necesidades, cobra sus pensiones y gestiona su patrimonio.El 70% de los adultos tutelados son mujeres solteras entre los 55 y los 70 años. De 4.000 a 5.000 habitantes de la región podrían precisar esta ayuda.

La voz de alarma suele proceder de los servicios sociales municipales. A menudo, en los distritos envejecidos como los de Centro, Moncloa y Chamberí, los asistentes se encuentran ancianos solos con las facultades perturbadas. El hecho se pone inmediatamente en conocimiento de la fiscalía. Después es un juez quien, con los correspondientes informes médicos y sociales, decide si es necesaria la incapacitación legal de esta persona, que puede ser total o parcial, y reversible si cambia su estado. En caso afirmativo hace falta un tutor. Aunque siempre es preferible la familia, cuando ésta no aparece, se desentiende o muestra mayor interés en la pensión o el piso del abuelo que en él, acaba siendo la Comunidad de Madrid la que asume su tutela.

Este servicio comenzó a prestarse en 1990, siete años después de la reforma del Código Civil, que abrió la posibilidad de que la tutela la ejercieran las instituciones públicas y no sólo las personas físicas, como sucedía hasta entonces.

5.000 madrileños

Hasta entonces solían ser los directores de residencias y psiquiátricos los que asumían este papel en ausencia de la familia o cuando ésta abusaba de sus mayores.

Ahora sólo hay 132 tutelas efectivas, pero llegan al millar las que se encuentran en pleno procedimiento judicial, que dura casi dos años. Hay un equipo de siete personas, abogados y trabajadores sociales, encargadas de este servicio.

Fernando Asenjo, secretario de la comisión encargada de la tutela de adultos en la Comunidad, explica: "Al principio pensábamos que íbamos a trabajar con personas de muy bajos ingresos, y así son el 80% de los casos; pero hay también un 20% de ancianos tutelados que poseen patrimonios elevados, de hasta 500 millones de pesetas", añade.

En estos momentos la comisión gestiona un patrimonio total de 2.000 millones de pesetas. El 80% de esta cantidad pertenece a esa minoría adinerada de personas tuteladas.

Esas elevadas cantidades no estaban previstas y han complicado mucho el trabajo. Para mayor operatividad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la semana pasada convertir esta comisión de tutela en una especie de agencia, una entidad con autonomía financiera y de personal laboral, pero sometida al control público.

Este cambio jurídico persigue dos objetivos principales: poder contratar servicios de consultorías externas y percibir la remuneración que marca la ley por los patrimonios tutelados (del 4% al 20%). Ambos aspectos eran imposibles para una comisión institucional. La finalidad de la Comunidad de Madrid es crear un fondo para afrontar parte de los gastos de la minoría de incapacitados pobres con la retribución obtenida de la tutela legal de los adinerados.

Cada cobro de pensión, cada alquiler o venta de un inmueble propiedad de las personas acogidas está controlada por el juez, a quien se debe rendir cuentas de las gestiones realizadas con las propiedades de estos incapacitados.

"En estos años nos hemos encontrado de todo, mucho buitre que se apropia de la pensión del incapacitado o que le ingresa en una residencia de ancianos pirata y se queda con su piso y también personas que saben de un vecino que está solo y se preocupan por él", explica Asenjo.

No es muy común, pero, en ocasiones, hay amigos que asumen la tutela de un enfermo mental desamparado. Es el caso de Felipe González, un aparejador de 46 años que prepara los trámites para tutelar a María Ángeles, la hermana de su mejor amigo, ya fallecido. "Es una mujer que, en los momentos buenos, está muy lúcida, pero un día descontrola y comienza a beber, a gastar su dinero y a montar escándalos", relata González.

Residencia

"Antes la cuidaba un matrimonio que se decía amigo suyo, pero que debería estar en la cárcel: abrieron una cuenta conjunta con un dinero que a ella le tocó en la lotería y que se esfumó misteriosamente y la convencieron para que les dejara su piso en herencia", asegura. "Ingresó en una residencia de la Comunidad y fue esta institución la que, en principio, asumió su tutela; pero creo que es algo que debo hacer yo, porque es lo que su hermano hubiera querido", concluye González.

De los 132 ancianos tutelados, el 70% son mujeres. A 51 de ellos únicamente les administran sus bienes y a 81 también les tienen que atender en aspectos personales de cuidado, alimentación o limpieza, por medio de servicios sociales como los de asistencia domiciliaria y de voluntariado. El 42% de los tutelados reside en centros psiquiátricos o residencia!, y el resto, en sus casas.