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Renfe adjudicó cafeterías de estaciones ferroviarias incumpliendo sus normas

Renfe autorizó el 15 de septiembre de 1993 que Príncipe de la Florida, SA, explotara las cafeterías Andén 1, de la estación de Chamartín, y Príncipe Pío, en la estación del mismo nombre, a pesar de que la sociedad -que tenía otras adjudicaciones de la empresa ferroviaria- le adeudaba por ellas más de 60 millones. Los pliegos de condiciones de Renfe obligan,en esas circunstancias, a romper los contratos con la empresa deudora. Asimismo, esa sociedad mantenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social (8' ' 7 millones en total según su balance de 1993), lo que es causa igualmente de resolución del contrato. La Ley de Contratos del Estado impide!a la Administración otorgar concesiones a firmas con deudas sociales o tributarias, pero los estatutosde Renfe excluyen a esta empresa pública del ámbito de esa ley, según fuentes de la companía. No obstante, Renfe se había impuesto tal obligación en sus propias normas.Las deudas de 60 millones corresponden a los cánones mensuales (alquiler) de otras ocho cafeterías situadas en instalaciones de Renfe en la región madrileña. Esa deuda con fecha 15 de septiembre de 1993 seelevó a 109 millones en enero de 1994. Ese mes, Príncipe de la Florida, SA, presentó suspensión de pagos.

Esta sociedad pertenece a los mismos dueños que la anterior adjudicataria, Leasures Promociones, que estaba a punto de presentar suspensión de pagos cuando se le cedieron -con la autorización de Renfe- esas explotaciones hosteleras.

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Los mismos dueños continuaron explotando el negocio tras cambiar la empresa

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Leasures Promociones, SA, presentó tal suspensión de pagos el 18 de octubre, un mes después de ceder los derechos a Príncipe de la Florida, SA. Esta maniobra permitió a los mismos dueños -los hermanos Alonso Morán y algunos familiares- continuar con la explotación del negocio.

Cuando se produjo el cambio, Renfe exigió a la nueva empresa que pagara los 14 millones que le adeudaba la anterior sociedad. Y así lo hizo. A continuación, negociaron. el pago aplazado de los 60 millones que debía Príncipe de la Florida por las otras concesiones suyas. En ese momento -15 de septiembre- se empezaba a incumplir la letra del pliego de condiciones. Y además, al tratarse de los mismos dueños, las posibilidades financieras para responder a sus obligaciones no debieron de ser grandes: la nueva empresa, al heredar las deudas de la anterior, las sumó a las suyas propias. Cuatro meses después (enero), Príncipe de la Florida presentaba también suspensión de pagos. Su deuda con Renfe ascendía ya a 109 millones de pesetas. La compañía pública asegura que tal débito se saldó con los avales previos que tenía depositados la empresa.

Un portavoz de Renfe ratificó que, en el momento de la subrogación, Príncipe de la Florida saldó la deuda de la anterior adjudicataria y negoció el pago de los 60 millones que ella debía por sus atrasos.

Renfe atribuye a la "casualidad" y la "mala suerte" las suspensiones de pagos que han sufrido las dos adjudicatarias, a pesar de que la compañía pública admite que sabía que la segunda empresa pertenecía a los mismos propietarios que la primera. Estos propietarios lo son, además, de Almonáster, SA, otra sociedad que también mantiene relaciones contractuales con la empresa ferroviaria y que se mantiene al corriente de los pagos.

Además, Renfe asegura que cuando admitió la subrogación de ambas empresas lo hizo convencida de que Príncipe de la Florida disfrutaba de una situación saludable; y alegó que, de cualquier modo, la compañía ferroviaria no tiene por qué solicitar a los organismos del Estado informes sobre las posibles deudas de las adjudicatarias de sus servicios. Y la misma portavoz de la compañía, sin que se le preguntara sobre posibles falsedades de documentos, añadió: "En cualquier caso, si una empresa presenta documentación falsa, la responsabilidad no es de Renfe".

Príncipe de la Florida, SA, niega tanto los hechos comprobados por EL PAÍS-y descubiertos por CCOO de Hostelería y de Renfe- como los confirmados por la propia compañía. Esa empresa expone que los propietarios no son los mismos (pese a las anotaciones en el Registro Mercantil que así lo demuestran) y que no hubo tal subrogación (admitida, en cambio, por Renfe y documentada por el sindicato).

Tanto Andén 1 como Príncipe Pío (36 empleados en total) funcionaban ayer con normalidad, en espera del pronunciamiento judicial sobre la suspensión de pagos.

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