El PP amplía sus denuncias contra funcionarios presuntamente corruptos en el área de Cooperación

El PP multiplicó ayer sus denuncias contra la Consejería de Cooperación, dirigida por el socialista Virgilio Cano, por adjudicar obras a empresas participadas por familiares del ex funcionario Máximo Parrón. Estas imputaciones se unen a las críticas hechas por el PP contra el supuesto trato de favor a la empresa Construcciones Atocha. El fiscal que investiga este caso acusó de estafa y falsedad a dos funcionarios: el ex director de Obras, Vicente Martínez Castelló, y el aparejador Vicente Bello. Cano respondió a las nuevas denuncias: "Es un patético montaje político".

Máximo Parrón, según las últimas pesquisas del PP, dirigió como funcionario de la Consejería de Cooperación distintas obras adjudicadas directamente a empresas propiedad de su mujer y sus suegros. "No conocíamos ese parentesco cuando se produjo la adjudicación. Y además, entonces no había nada ¡legal", replicó Cano.Las obras que examinó ayer el PP permitieron asfaltar, entre 1988 y 1992, diversas calles de Valdelaguna (7,6 millones de pesetas), Villar del Olmo (6,9 millones), Carabaña (11) y Cubas de la Sagra (7).

El descubrimiento de las "graves irregularidades" llegó unos minutos después de que los diputados populares, que se desplazaron hasta la Consejería de Cooperación para clavar sus ojos sobre un centenar de expedientes, iniciaran el examen de varias obras.

El hallazgo estaba anunciado desde antiguo. Ayer sólo tocaron y fotocopiaron los documentos que demostraban las "graves irregularidades" de unos contratos que los populares habían denunciado en febrero de 1993. Entonces fundamentaron sus críticas en que una trama empresarial, dirigida por familiares del funcionario Parrón, había conseguido obras de la Consejería de Cooperación. Ayer añadieron que en las adjudicaciones todas las ofertas presentadas pertenecían al mismo entramado empresarial y, por tanto, no hubo competencia.

Sin embargo, en las primeras páginas de uno de los expedientes a los que tuvo acceso este periódico se explicaba que habían sido invitadas a participar en el proceso previo de selección de empresas más de veinte constructoras. "No era como ahora. En aquellos tiempos de bonanza económica, las empresas no iban a todo ni se presentaban a todo. Había que cazarlas a lazo y, además, con estas constructoras nosotros trabajábamos desde mucho antes", explicó ayer Cano.

Las empresas Aocar, Larube, Rasec, Silton, Sortam, Inteico, Perseco, Sumace y Procoma resultaron adjudicatarias del. asfaltado de los pequeños municipios de la región en 1988, 1989 y 1990.

Todas las constructoras, según pudo comprobar el PP, pertenecían a Bernardo Dorado Mancebo y Socorro de la Llana Cuesta, suegros de Máximo Parrón Zafra, que hasta 1990 fue funcionario de la Consejería de Cooperación. Parrón se encargó de dirigir muchas de las obras adjudicadas a estas empresas, donde también figuraba como accionista su mujer, Susana Dorado de la Llana.

Obras empantanadas

Los populares empezaron a seguir la pista de estas empresas porque Pronaves, que continuó las obras que dejó empantanadas Construcciones Atocha, también pertenecía a las mismas personas. Este detalle atrajo la atención de seis parlamentarios del PP, que empezaron a pedir documentos que nunca, hasta ayer, llegaron. "No se puede ser juez y parte. El funcionario podría negociar los precios con su esposa en casa y no en una mesa transparente. Eso es ¡legal", comentó ayer el portavoz popular, Antonio Beteta.

Pero hasta el 22 de marzo de 1991, algunos meses después de que Parrón Zafra abandonara su empleo público, la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas no prohibían' a ningún empresario contratar con un departamento de la Administración aunque en el mismo trabajara un familiar. El 22 de marzo de 1991 se modificaron varios artículos de dicha ley que transformaron en ilegal esta práctica. "Para entonces, Máximo Parrón, quizás presumiendo lo que iba a ocurrir, ya se había marchado", explicó ayer el consejero Virgilio Cano.