La coartada falsa

El caso Totta & Açores es el testigo de cargo, si hiciese falta, para invalidar cualquier teoría de la conspiración contra Mario Conde. Ayer, el presidente González dijo al periodista Iñaki Gabilondo que conoció la operación de control del banco luso Totta & Açores después que ésta se hiciera y que Conde le pidiera que intentara "regularizar con el Gobierno portugués una situación que, desde el punto de vista estrictamente legal, no era correcta".Conde pidió ayuda a González al menos en dos oportunidades: en la primavera de 1993, en un encuentro personal, celebrado en la finca Vallelozano que Manuel de Prado y Colón de Carvajal posee en la provincia de Huelva, y el 11 de noviembre de 1993, en la Moncloa, fecha en la que González recibió al entonces presidente de Banesto. En los primeros días de diciembre de 1993, Conde envió un tarjetón y un memorándum a González, que tenía previsto reunirse en Mallorca, el 18 de diciembre, con su colega luso Anibal Cavaco Silva, sobre las participaciones de Banesto en el Totta.

¿En qué consistía esa ayuda? Banesto había invertido desde 1989 unos 73.000 millones de pesetas en el control mayoritario del Banco Totta & Açores, a pesar de que la legislación portuguesa limitaba la toma de participaciones de no residentes en bancos de dicho país. Conde, para rodear la ley, llegó a un acuerdo con los llamados "socios portugueses", dirigidos por José Roquette. Más tarde, unas sociedades interpuestas dirigidas por Carlos Menezes Falçao, socio portugués del abogado Mariano Gómez de Liaño, controladas mediante fiducias, entraron en acción asumiendo los paquetes del Totta. La citada limitación potuguesa había llevado a Banesto a poseer un 25% oficial y otro 25% no oficial. Pero como Portugal introducía a marcha forzada las leyes comunitarias, se buscaba arreglar diplomáticamente los hechos consumados entre 1989 y 1993. Los esfuerzos de González no iban a ser fáciles, porque sería el mismo Conde quien, en junio de 1993, declarada en Estepona que Banesto tenía el control del 50,83% del Totta, lo que puso al Gobierno luso al desnudo ante el público de aquél país.

Según el Banco de España el "procedimiento utilizado [por Banestol provocó el encarecimiento de la operación y la inseguridad jurídica de las garantías que soporta la inversión, al estar sujeta a una serie de incertidumbres legales en Portugal". A juicio del banco emisor, dicho encarecimiento tuvo lugar a través de ciertas transacciones con los llamados "socios portugueses" (primero con la sociedad Valores Ibéricos y más tarde con M.S.F., que adquirió con fondos aportados por Banesto la participación de los "socios portugueses" en Valores Ibéricos, operación que les reportó beneficios de 23.000 millones de pesetas). Todo el montaje ha sido incluido en el capítulo sobre "actos fraudulentos y utilización de personas interpuestas" del expediente sancionador en curso contra los ex administradores de Banesto.

Que González prestara su ayuda a Banesto para resolver los problemas con Portugal, como lo hubiera hecho con otra entidad, según dijo ayer, no le convierte en cómplice de Conde ni prueba que fuese informado puntualmente. La mayor parte de la operación de control del Totta se llevó a cabo en el más estricto secreto. Su fecha clave fue el 27 de diciembre de 1991, cuando el secretario del consejo de Banesto, Ramiro Núñez, de una parte, y José Roquette, Joao Manuel Moniz da Maia, Jaime Nunes de Almeida, Pompeu Fortunato y Joaquim Carlos Fortunato, de la otra, firmaron el acuerdo en Lisboa más tarde bautizado el Pacto de la Salceda por el cual los socios portugueses vendían su participación a Banesto y permitían, al consagrar la mayoría de consejeros de Banesto en el consejo de administración del Totta, la consolidación de las cuentas anuales con la entidad española (punto 2.3 del pacto), facilitando a Conde el cierre del ejercicio 1991. La cláusula cuarta de dicho pacto es de "confidencialidad" y estipuló que "el presente acuerdo se mantendrá confidencial entre las partes, sin perjuicio de las comunicaciones a las autoridades públicas de aquellos aspectos que por imperativo legal estén sujetos a tales comunicaciones". Fue en noviembre de 1992, un año después de firmado el pacto, que dos hombres del Banco de España, Ignacio Palicio y Manuel Zamanillo, supieron por Rafael Merino y Javier Abad, de Banesto, que había préstamos a sociedades interpuestas para incrementar la participación de Banesto en el Totta. El 13 de febrero de 1993, los inspectores Palicio y J.C. Monje sólo pudieron tomar notas sobre los pactos secretos Banesto-Totta.