El juez endurece los cargos contra el ex alcalde de L'Hospitalet, que se enfrenta a penas de cárcel

El ex alcalde de L'Hospitalet (Barcelona), el socialista Juan Ignacio Pujana, se sentará en el banquillo de los acusados y hasta podría ir a prisión. Jordi Seguí, el juez instructor del caso, ha dispuesto la apertura de juicio oral contra Pujana por cuatro delitos: falsedad en documento público, cohecho, estafa y tráfico de influencias. El juez va más allá que el fiscal en sus peticiones, algo inusual; éste sólo había acusado a Pujana de cohecho y tráfico de influencias.

El Código Penal estipula para cada uno de los delitos de estafa y falsedad en documento público una pena de entre 6 y 12 años de prisión. De modo que Pujana podría ser condenado hasta a 24 años de cárcel. El juez dispone también una fianza para Pujana y los otros cinco acusados de 168 millones de pesetas de manera conjunta, fianza que se debe ingresar hoy mismo. En caso de impago, el magistrado decretaría el embargo de los bienes personales.A estas penas deben sumarse las ya solicitadas por el fiscal para Pujana por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho: tres meses de arresto, tres años de suspensión de cargo público, ocho de inhabilitación y el pago de una multa de 13 millones de pesetas. El ex alcalde será el primer cargo público que estrene el banquillo de los acusados por tráfico de influencias.

El magistrado ha decretado asimismo la responsabilidad civil subsidiaria para la constructora Blas Zaplana, SL, y la empresa municipal Aparcaments i Serveis de L'Hospitalet. Blas Zaplana fue la empresa adjudicataria de las obras de construcción de una aparcamiento municipal. Esta empresa había sido constituida poco antes de la adjudicación y, según los peritos judiciales, era de dudosa solvencia. La empresa dejó de pagar poco después unos trabajos realizados por cuatro empresas subcontratadas, que presentaron una denuncia por estafa de 150 millones.

La fiscal subrayaba que la adjudicación se hizo incumpliendo las normativas y que Pujana intervino para que Blas Zaplana obtuviera un aval bancario de 118 millones que le era negado por su escasa experiencia.

Las pesquisas policiales desembocaron en otro presunto delito en el que Pujana aparecía como inculpado: el cohecho. La sociedad Vicsa, de Víctor Gasulla, cedió al ex alcalde un coche durante cuatro años. El juez acusa también a Pujana de falsedad en documento público -por las supuestas manipulaciones en las actas de la sociedad de aparcamientos- y de estafa -por cooperación necesaria para que se produjera el engaño que pudo comportar la adjudicación del aparcamiento a Blas Zaplana-.

Roberto Ruiz, ex teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, también sale malparado del auto judicial. El fiscal sólo le había acusado de prevaricación. El magistrado dispone ahora la apertura del juicio contra él por otros tres delitos: falsedad en documento público, estafa y cohecho. El resto de los acusados son Víctor Gasulla (propietario de Vicsa) por tráfico de influencias, cohecho y estafa; Mariano Bauzá (administrador de Blas Zaplana): falsedad en documento mercantil, estafa, alzamiento de bienes, un delito contra la hacienda pública y una falta de hurto, y Enriqueta Zaplana y Ramón Orobitg (ambos accionistas de la misma empresa) por falsedad en documento mercantil, estafa, alzamiento de bienes y delito contra la hacienda pública la primera, y estafa el segundo.

Tras la aparición de las calificaciones fiscales hace unas semanas, Pujana dimitió de su cargo al frente de la alcaldía de L'Hospitalet -segunda ciudad catalana en número de habitantes-, en la que permaneció durante 15 años ininterrumpidos, aunque sigue como concejal.