El Gobierno negociará con las autonomias los limites de sus oficinas en Bruselas

El Gobierno se comprometió ayer a utilizar el cauce de la negociación con las comunidades autónomas, y no la vía normativa, para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a las autonomías tener oficinas públicas en la capital comunitaria, Bruselas. Así lo manifestó ayer el secretario de Estado para las Autonomías, Francisco Peña, que reiteró la voluntad del Gobierno de hacer público este mismo mes un proyecto para que las autonomías puedan participar en las instituciones europeas. Esta vieja pretensión de algunas comunidades autónomas, como la catalana y la vasca, se debatirá el próximo 27 de junio en la Comisión General de Autonomías del Senado.Peña calificó de "positiva" la sentencia del Tribunal Constitucional que, en primera instancia, da la razón al Gobierno vasco en su pretensión de contar con una oficina pública en Bruselas. En 1988, el Gobierno central había recurrido esta propuesta vasca ante el.Tribunal Constitucional.

Pero el secretario de Estado para las Autonomías puso ayer el acento en las limitaciones que la sentencia impone a la actividad exterior de las comunidades autónomas para afrontar el "confusionismo" que se ha generado tras la publicación de la sentencia el pasado lunes. El mismo día de la publicación de la sentencia se reunieron en el Palacio de la Moncloa el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, y el titular de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, para estudiar su contenido y precisar la posición del Gobierno.Los límites de la actividad

Francisco Peña destacó ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional distingue entre relaciones internacionales y actividad exterior de las comunidades autónomas y añadió que el límite de la actividad exterior de éstas "es la reserva estatal de las relaciones exteriores", recogido en el artículo 1491 de la Constitución. En este sentido fue preciso: recordó que la sentencia impide a las comunidades autónomas el 'derecho a firmar acuerdos y tratados y el derecho a la representación así como la creación de obligaciones internacionales y lo que suponga representación internacional del Estado.

El secretario de Estado aclaró que la actividad exterior de las comunidades autónomas será básicamente informativa y, tras la sentencia, podrá utilizar la enseña y los símbolos de la comunidad. Hasta el momento, todas las oficinas de representación autonómica en Bruselas aparecían camufladas a través de sociedades. En el caso de Cataluña, por ejemplo, es el Patronato ProEuropa, que agrupa a representaciones empresariales, sindicales y universitarias. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, la Generalitat catalana podrá tener su oficina en Bruselas en nombre propio y con la utilización de sus símbolos, como la bandera.Peña, amparándose en el texto de la sentencia, manifestó que "las actividades exteriores de las comunidades autónomas están limitadas a no poder incidir en la política exterior del Estado y a no generar responsabilidad de éstas frente a Estados ex-tranjeros".

También recordó que la sentencia permite al Estado regular y coordinar las actividades exteriores de las comunidades autónomas. En este sentido, afirmó la voluntad del Gobierno de negociar con las comunidades autónomas su actividad exterior y, en ningún caso, imponer una normativa. Peña dijo que en los seis años que median desde el recurso a la propuesta del Gobierno vasco ante el Constitucional y la publicación de la sentencia "ya se ha andado mucho y hay una práctica que permitirá resolver los problemas por la vía de la negociación".