Recuperar el consenso político y social
La corrupción. es un mal a erradicar de la sociedad, pero no el único, advierte el autor, que alerta sobre 'las consecuencias del culto al dinero fácil de los últimos años y defiende la mayoritaria honradez de los políticos frente a unos pocos corruptos.
El ejercicio de la política como servicio a la sociedad es positivo, saludable e imprescindible para el funcionamiento democrático de un Estado de Derecho. Los actores de este ejercicio, los políticos, son elementos esenciales en la gestión de este Estado y la catadura ética de algunos de ellos no puede ser excusa ni el barómetro para generalizar sobre la clase política, porque ser político no es sinónimo de ser corrupto aunque ser "socialista", "popular" o "convergente" tampoco signifique obligatoriamente. ser un sinónimo de honradez.A mi modo de entender en política conviven muchos hombres honrados y algunos, más bien pocos, corruptos. Es obligación de los que cumplen con las normas jurídicas, tributarías y morales, buscar los mecanismos para que los corruptos no tengan capacidad de actuar en la gestión del Estado, e implantar las medidas necesarias que auspicien un control político de estas actuaciones.
Este es el fracaso del Partido Socialista. Su gran fracaso no es tener corruptos en sus filas, que es una cuestión que presumiblemente afecta a todos los partidos que forman el arco parlamentarlo, sino que su gran fracaso es el de no haber sido-capaces de modernizar la gestión del Estado. Esta hubiera sido, sin lugar a dudas, la mejor medicina para prevenir la corrupción.
La democracia española nace de un proceso ejemplar en 1976, y ahora en 1994, 18 años después, está atravesando una fuerte crisis política y social que se ha sustentado en la insolidaridad, la cultura del dinero fácil yde la competencia desmedida, bajo los criterios del "todo vale para conseguir lo que se quiere". Una crisis que'puede degenerar en una enfermedad endémica si no se ataja atacando directamente a la raíz.
Lajoven democracia española puede iniciar su andadura en la mayoría & edad bajo los síntomas de una dolencia que como efectos más inmediatos provoca una honda crisis política, pone en tela de juicio la credibilidad del Estado de derecho y genera un alto grado de desconfianza social.
Esta dolencia, sin embargo,no es nueva. Todos los sistemas políticos han padecido la corrupción que presenta un cuadro clínico en los primeros momentos muy localizado con la actividad de elementos aislados. Sin embargo, la enfermedad se extiende con facilidad en todos los niveles, en el Estado, en la economía, en la judicatura, en la prensa, y al final en toda la sociedad.
La democracia española ha construido un modelo de Estado fundamentado en el consenso político y social y ha sentado las bases de convivencia que necesitábamos para superar 40 años de dictadura. Sin embargo, en la construcción de este modelo han aparecido grietas que afectan seriamente al resultado final.
Pero, ha sido precisamente este sistema de democracia el que ha permitido dar la voz de alarma y detectar los síntomas de corrupción que le afectan. Si no existiera un estado democrático, no hay ninguna duda de que los ciudadanos hubiéramos permanecido ajenos a una situación que se debe abortar en su inicio.
Dos instituciones, dos pilares de este Estado de derecho, se han visto afectados por actuaciones irregulares de sus máximos dirigentes que se han aprovechado de las lagunas legales y de control político para obtener pingües beneficios personales. La actuación inmediata requiere un procesamiento de los responsables, pero solventar la corrupción exige una respuesta mucho más profunda para evitar el deterioro de la convivencia social.Los ciudadanos no podemos seguir sufriendo la ineficacia y la lentitud de la administración, los funcionarios no pueden seguir siendo castigados con congelaciones salariales y despropósitos organizativos mientras esperan una reforma que dinámice sus relaciones laborales, y los contribuyentes nos negamos a ver cómo parte de nuestros impuestos van destinados a bolsillos particulares porque nadie ha sabido poner mecanismos de control.
Urge, por tanto, una modernización de la legislación española ,que se adapte a la realidad cotidiana. No es de recibo que actuaciones inmorales no sean delictivas y que hechos que atentan contra la credibilidad de las instituciones no estén tipificados. Pero también se debe aumentar el control político de las instituciones del Estado.Es positivo que el Banco deEspaña -aumente su autonomía con respecto al ejecutivo, pero también es positivo que exista un rígido control parlamentario sobre sus actuaciones. Al igual, es positivo que se aumente la de mocratización de las fuerzas de seguridad del Estado, en par ticular de la Guardia Civil, y se reforme el sistema fiscal para evitar el incremento de corrupciones y fraudes como los que hemos tenido noticia, como el fraude del IVA, de la Seguridad Social, las primas únicas, etcétera.La adopción de medidas en este sentido pueden significar un antídoto para atajar esta enfermedad. Se trata de juzgar a los corruptos, pero también de liquidar en la sociedad la cultura de la corrupción.Existe la sensación, inspirada en la actitud permanente de algunos partidos políticos que hacen gala de una irresponsabilidad que pone en peligro la naturaleza del mismo Estado, de que la corrupción es un hecho generalizado. Personalmente creo que esta afirmación no es justa, aunque la significación de los implicados está haciendo creer que la excepción -es la norma. Para eliminar esta sensación es necesario que se regenere el consenso político y social que empuje a la jóven democracia espafiola hacia la cultura de la solidaridad.
Hemos de pasar la página de la historia que se ha escrito con la beatiful people, con el respeto al pelotazo, el enriquecimiento rápido, la insolidaridad, la prepotencia y la codicia. Hemos de recuperar el consenso político para hacer más transparente la vida pública a los ciudadanos potenciando los mecanismos de control del Estado y ayudando a la estructuración de la sociedad civil.
La corrupción es un mal a erradicar de la sociedad, pero no el único. El objetivo debe ser defender la dignidad de la democracia española y dilapidar la figura de ese poderoso caballero que ha pretendido ser el elemento esencial en el diseño de un modelo de sociedad en la que todo es posible si se tiene como compañero de viaje.En este proceso también hay que denunciar a quienes hacen bueno el dicho "a río revuelto, ganancia de pescadores" y utilizan el enfrentamiento civil en lugar de la respetable pugna política. Poner en duda la evolución del Estado de las Autonomías y orquestar campañas contra la normalización lingüística de Cataluña con la pretensión de minar políticamente al Gobierno son armas de doble filo. Si en un primer momento pueden dar satisfacción a objetivos políticos, también pueden deteriorar un modelo de convi vencia, respeto y joven tolerancia.
Los ciudadanos, y también la economía de este país, necesitamos la cultura de la que todos los políticos remen en la misma dirección.
La democracia debe seguir construyéndose en base a un modelo de Estado fundamentado en el consenso político y social, en la que se han sustentado nuestras bases de convivencia. Hemos de recuperar el consenso socl al para equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo so cial. El crecimiento económico no ha sido gestionado de forma coherente y ha propiciado un aumento de las desigualdades tanto sociales como territoriales.
Esta fractura social puede verse agravada si se ponen en práctica las medidas contempladas en la reforma laboral. La actual situación de sinsabor policial que estamos viviendo requiere también la recuperación de la cultura del diálogo entre las fuerzas sociales, la patronal y el gobierno, para alcanzar un pacto por el empleo que apoyando la reactivación económica y la competitividad de nuestros productos no pretendan abocarnos a las condiciones laborales del Magreb o a los salarios de Taiwan.
No debemos solamente actuar a corto plazo para capear el temporal. La joven democracia española necesita del consenso político y del consenso social para superar en primer lugar las amenazas de quienes desde la corrupción pretenden destruir su credibilidad y para evitar que nuestro futuro modelo de sociedad deje a un tercio de los españoles en fuera de juego.
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