Torremolinos, en el juzgado
La única urbanización de Torremolinos que respetaba el estilo arquitectónico andaluz se hunde. Sus vecinos reniegan de vivir en Pueblo Blanco. Su cotización inmobiliaria ha caído en picado. Ocupa 3.000 metros cuadrados, en los cuales se han instalado en poco tiempo más de treinta bares y discotecas. Muchos carecen de licencia, otros ni siquiera disponen de lavabos. Los vecinos presentarán el lunes, ante él juzgado de guardia, una denuncia contra el Ayuntamiento.
La letrada Fátima Cortes Leotte daba ayer los últimos toques al escrito de denuncia que va a presentar en el juzgado de guardia de Torremolinos contra el Ayuntamiento de la localidad en nombre de las asociaciones de vecinos de la Roca, Nogalera y Pueblo Blanco. Requerirá al juez para que tome declaración a los ediles sobre el cumplimiento de las ordenanzas municipales sobre el horario del cierre de locales de ocio, licencias de apertura, condiciones higiénicas, niveles de ruido y actuaciones contra la salud pública.La decisión de acudir al juzgado es el último recurso de los vecinos en su particular batalla por conseguir que el barrio recupere su estado original: un plácido rincón para el paseo sosegado en medio del.proceloso bosque de apartarnentos levantados caóticamente en la estrecha franja que separa la playa de la, montaña.
Las casas de Pueblo Blanco no superan las tres alturas y están separadas por calzadas peatonales. Cuando se construyeron, hace unos dieciocho años, eran lo mejorcito de Torremolinos. El conserje Paco Canela lo recuerda con nostalgia: "Muchos extranjeros compraron apartamentos y pisos por cinco o seis millones de pesetas. Era precioso y el único lugar tranquilo de la zona para pasear o comer en alguno de sus restaurantes". Durante el horario de trabajo de Canela ya no se ven turistas callejeando por Pueblo Blanco. No hay escaparates. Los locales están provistos de persianas metálicas y rejas feas amarradas con candados dando a entender que protegen las mercancías de alto rango. Nada de eso.
Se trata de locales ínfimos con apenas espacio. De la noche a la mañana, esta zona residencial y comercial -en horario laboralse ha convertido en foco de la movida de la Costa del Sol, próxima a la capital. Desde que Torremolinos logró su independencia de Málaga en 1989, Pueblo Blanco ha ido dando acogida a la mayor concentración de bares, pubs y discotecas que pueda darse. En los 3.000 metros cuadrados que ocupa se han instalado en los últimos años más de 48 locales de esas características. La zona se ha hecho famosa y ha llenado de oro los cajeros de estos establecimientos, pero a los vecinos les han hundido. Unos han optado por marcharse. Los que se resinten libran una ardua batalla en el ayuntamiento para recuperar la paz que disfrutaron inicialmente.
La mayor parte de los locales carece de licencia de apertura, no respetan los niveles admisibles de ruido, algunos no disponen de agua corriente y los hay sin lavabos. Más bien parecen ventanillas de expedición de bebidas a un público que deambula por las calles de dominio público.
Un informe pericial remitido al Ayuntamiento ha medido a las tres de la madrugada en un primer piso 64 decibelios con la ventana cerrada, 83 en una habitación con las ventanas abiertas y 90 en la terraza. La OMS fija en 65 el límite máximo admisible para la salud humana. Estos ruidos que los residentes en estos apartamentos soportan de noche equivalen al paso constante de una moto o el despegue de un avión (80 decibelios).
Así llevan varios años. Los vecinos dicen que el Ayuntamiento no se atreve a frenar estos abusos por miedo a rebeliones como las de Cáceres. Uno de ellos, preso de la irritación, arrojó lejía sobre los jóvenes que paseaban bajo su balcón e hirió con el líquido abrasivo a una pareja de Madrid.
Las peleas callejeras son constantes, y de ello dan fe las decenas de denuncias ante la policial municipal. Los restaurantes del barrio, algunos de los cuales gozan de mucho prestigio, se ven abocados al cierre ante la mala fama que ha adquirido la zona y la imposibilidad de utilizar sus tradicionales terrazas, al ser invadidas por los jóvenes coperos. Los apartamentos, antes muy cotizados, han reducido su precio a la mitad.
El concejal responsable, Juan Carlos Mora López, asegura que la bronca de Pueblo Blanco le trae de cabeza. "No tenemos medios para mantener una patrulla especial que exija el cumplimiento de las ordenanzas. Es dificil conciliar las, necesidades de descanso de unos con la búsqueda de entretenimiento de otros". Una lista remitida por el edil sobre la situación legal de 48 de estos locales arroja este balance: 12 carecen de licencia de apertura, 8 han sido apercibidos de cierre por vulnerar las ordenanzas, sólo dos de ellos ha sido precintado.
El Defensor del Pueblo andaluz tiene abierto un expediente sobre el caso. En una recomendación cursada a la alcaldía recuerda su obligación de clausurar aquellos locales que incumplan las ordenanzas municipales. Ante las reiteradas quejas, sugiere el Defensor que el ayuntamiento elabore unas ordenanzas medioambientales.
A partir del lunes, el juzgado de guardia tiene la palabra.
