Fusión poco clara

LA INTEGRACIÓN de los ministerios de Interior y Justicia ha sido una idea cultivada durante estos años en los predios de la derecha. Martín Villa, ministro de la Gobernación y de Interior en el primer Gobierno de UCD, fue el primero que la puso en circulación. Alianza Popular la convirtió en la punta de lanza de su campaña contra la política penitenciaria y de seguridad ciudadana del primer Gobierno socialista, y posteriormente, el refundado Partido Popular la retomó desde la perspectiva del ahorro de gasto público. La propuesta de los populares fue trocear el Ministerio de Justicia y repartirlo entre área! institucionales y administrativas próximas: Asuntos Penitenciarios, a Interior; competencias de política judicial, al Consejo General del Poder Judicial; Registros y Notariado, a Administraciones Públicas.El que los socialistas se mostraran siempre reticentes a esa idea no ha sido obstáculo para que finalmente la hayan puesto en práctica, a su manera, con la designación del hasta ahora ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, como titular del nuevo superministerio de Justicia e Interior. La decisión ha sorprendido no porque sea rechazable en sí misma, sino por la perceptible precipitación con que se ha tomado. Justicia e Interior son dos departamentos con solera histórica que ocupan zonas político-institucionales básicas para el funcionamiento del Estado y que, en consonancia con ellas, realizan misiones diferenciadas en el marco de la acción del Gobierno.

En los sistemas democráticos es común que el titular de Justicia sea el valedor de las garantías jurídicas, el desarrollo de los derechos y libertades y la tutela judicial de los ciudadanos. Del mismo modo es normal que el titular de Interior tenga entre sus preocupaciones prioritarias la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y la eficacia antiterrorista.

Introducir cambios en esas áreas, con riesgo de romper el equilibrio interno del Gobierno en relación al binomio libertad-seguridad, exigía un cuidadoso estudio previo y motivaciones de mayor calado que las "necesidades políticas del momento" aducidas en el real decreto de la Presidencia del Gobierno que crea el nuevo superministerio. Que se ha empezado la casa por el tejado y que no se dispone de los planos de lo que han de ser los cimientos lo da a entender el propio real decreto cuando deja a su eventual y no especificado desarrollo la forma en que debe culminarse su reestructuración.

Recién designado para el cargo, Belloch ha justificado el nuevo modelo por su mayor coherencia con la transferencia de competencias de Justicia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las comunidades autónomas. No son nuevos estos argumentos. Pero hasta ahora sólo se oían en sectores de la derecha. Los socialistas se oponían o hacían oídos sordos a los mismos. Que ahora procedan también del Gobierno socialista y aparezcan en una tribuna como el Boletín Oficial del Estado supone un giro que hubiera merecido, sin duda, una explicación mucho más detallada que la que se busca inútilmente en el escueto real decreto de la Presidencia del Gobierno.

Un compromiso ineludible del ministro Belloch debe ser llevar a buen término este giro y demostrar que la simbiosis de Justicia e Interior no supone ningún paso atrás en la protección de las garantías y derechos fundamentales. ¿Está realmente dispuesto el Gobierno a ceder sus competencias sobre política judicial, de las que tan celoso ha sido hasta ahora, al CGPJ? ¿Está dispuesto igualmente a transferir a las comunidades autónomas la gestión de los medios materiales y personales destinados a la Administración de justicia? Ios hechos demostrarán si es así realmente. Se verá si los argumentos esgrimidos han sido algo más que una forma de salir del paso. En definitiva, pronto se verá si se trata de que Belloch se haga cargo de dos ministerios o si hay un proyecto coherente para remodelar bajo una única dirección política dos de los símbolos básicos del Estado: el orden público y la Administración de justicia.