El Instituto Social de la Marina no controla sus prestaciones, según el Tribunal de Cuentas

Los afiliados al Instituto Social de la Marina (ISM) que cobran indebidamente rentas o pensiones están fuera de control. La institución que gestiona la previsión social de los hombres de la mar carece de mecanismos para vigilar si sus pagos se efectúan correctamente, según el análisis de la gestión de los deudores por prestaciones económicas realizado por el Tribunal de Cuentas. Dicho informe ha sido ya elevado a las Cortes.

Hay vivos cuyas esposas reciben pensiones de viudedad, pensionistas que reciben complementos de jubilación como si cobraran las prestaciones mínimas cuando no es el caso, jubilados que reciben pensión sin haberse jubilado... Los auditores comisionados por el Tribunal de Cuentas para fiscalizar los procesos de reclamación y recuperación de la deuda derivada de pagos indebidamente abonados por el Instituto Social de la Marina se han encontrado con que es dificil siquiera que estas deudas sean detectadas. El ISM no recibe la información que sería necesaria para descubrirlos, ni realiza gestiones para destapar la totalidad de los pagos indebidos, según el informe elevado por el Tribunal a las Cortes.La ausencia de un inventario de deudores forzó a los fiscalizadores del Tribunal de Cuentas a seleccionar una muestra de tres provincias -La Coruña, Vigo y Las Palmas- para ejecutar sus labores de auditoría llevadas a cabo durante el mes de febrero de 1993.

El informe advierte la ausencia de actuaciones fiscalizadoras como el seguimiento de que los beneficiarios siguen vivos, su estado civil o la comprobación de sus rentas cuando reciben complementos de pensiones mínimas. No se hacen revisiones periódicas para detectar errores o cambios en las condiciones de quienes reciben prestaciones por jubilación, invalidez permanente o provisional, desempleo, protección familiar o incapacidad laboral transitoria. Tampoco se controla que quienes reciben el desempleo estén o no en paro.

El periodo de tiempo que transcurre desde que se produce un pago indebido hasta que se detecta alcanza un promedio de entre 17 y 20 meses, un intervalo que pone en evidencia, según el Tribunal, la debilidad del sistema de control del ISM.

En sus alegaciones al informe fiscalizador, el ISM asume con matices su contenido y explica que la ausencia de normas dificulta sus medidas de autocontrol.