La justicia decide quien se queda, de momento, con los bares de Barajas
El culebrón de las cafeterías de Barajas inicia otro capítulo. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 46 ha convocado para hoy la vista por la demanda de los antiguos adjudicatarios, Antonio Morales, SA, contra la Administración aeroportuaria (A.ENA), que les expulsó del aeródromo el lunes. La sentencia decidirá quién explota los bares hasta que se falle el recurso contencioso contra la nueva adjudicación. Los trabajadores ya sirven cafés y comidas, pero se sienten "como pelotas de pimpón".
"La sentencia será rápida, porque la trascendencia social del problema es enorme", prevé el juez encargado de fallar el caso, Javier Puyol. Él recibió la semana pasada una demanda de la antigua adjudicataria de las cafeterías de Barajas, Antonio Morales, SA, contra el organismo público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Esta entidad había solicitado a la empresa el inmediato abandono de las instalaciones, objeto de una nueva adjudicación (decidida el pasado 21 de enero).Este lunes, cuando esa demanda para proteger la posesión de las cafeterías ya estaba sobre la mesa del juez, los 14 establecimientos de la contrata amanecieron clausurados con un precinto en el que se leía: "Línea de policía. No pasar". Los 60.000 pasajeros sólo podían repostar en una hamburguesería ajena al conflicto.
Orden polémica
En Barajas no había café, pero sobraba tomate. El portavoz del aeropuerto insistía en la legalidad de la expulsión, una vez agotados los plazos para que Antonio Morales, SA (firma investigada en el caso Juan Guerra) abandonara los establecimientos cuya contrata ganó en 1989. En la Delegación del Gobierno explicaron ayer: "AENA, con una orden del juzgado de guardia, nos mandó una petición de auxilio de la fuerza pública para precintar las cafeterías".Sin embargo, tanto los trabajadores como la ex concesionaria dudan de la existencia de esa orden judicial. "No nos la han enseñado", asegura Javier Morales, uno de los responsables de la empresa. También la ignora el juez Puyol, que al conocer los hechos ordenó un interdicto que paralizó el desembarco de la nueva concesionaría, la firma Raesa (una empresa mixta de AENA y la compañía privada Recyg, SA). Así, el martes por la tarde obligó a que se reabrieran las cafeterías bajo la gestión de Antonio Morales, SA.
Como en este ínterin Raesa había puesto en funcionamiento dos bares, hubo que cerrarlos. Los trabajadores, que ayer por la tarde ya habían reabierto la mayoría de los 14 establecimientos, se sentían perplejos, según manifestó Bernardino Perea, del comité de empresa. "La culpa es de AENA", añadió.
El juez ha restablecido la posesión de la ex adjudicataria y en las próximas horas sentenciará si puede permanecer o no temporalmente con el negocio "mientras se decide si la nueva adjudicación ha sido ajustada a derecho", explica el magistrado.
Y es que las cafeterías de Barajas, un negocio jugoso, figuran en otra causa judicial. Antonio Morales, SA formuló el pasado 22 de abril un recurso contencioso-administrativo contra AENA por su decisión sobre la nueva adjudicación. A esa convocatoria, publicada a finales del año pasado, se habían presentado cuatro empresas (una de ellas vinculada a Antonio Morales, que no resultó elegida). Las bases señalaban que la elegida formaría una empresa mixta con la propia AENA. Recyg, una compañía catalana habitual en otros aeropuertos, fue la ganadora. Ambas entidades han constituido Raesa, con un desembolso de 100 millones de pesetas.
Los representantes de Antonio Morales, SA amenazan con querellarse también contra la dirección de AENA por prevaricación. EL PAÍS intentó ayer, sin éxito, conocer la versión de AENA y Raesa.
