La Generalitat intenta hacerse con la mayoría del capital de La Seda

La Generalitat de Cataluña proyecta hacerse con el control mayoritario de La Seda acudiendo a una ampliación de capital de 6.000 millones de pesetas en dos tramos, según la estrategia impulsada por la mayoría del consejo de administración de la compañía, pendiente sólo de recibir el visto bueno definitivo del consejero de Industria, Antoni Subirá. La Generalitat intenta así desplazar a Jacinto Soler Padró.

El primer tramo de la ampliación, de 4.500 millones, se efecturá por medio de una reconversión de deuda en capital que convertirá la empresa pública EPLICSA en el primer accionista de La Seda y diluiría sustancialmente la actual participación del 57,8% en poder de Soler. El segundo tramo tendría un carácter institucional con el desembolso directo de los restantes 1.500 millones.La deuda de 4.500 millones contraída por La Seda con su antigua propietaria, la multinacional holandesa Akzo, es la piedra angular para solucionar la crisis de la primera empresa española de fibras. Akzo ha cedido a la Generalitat este crédito -así consta en un documento al que ha tenido acceso este diario-. El Gobierno catalán colocará esta deuda en la sociedad EPLICSA, gestionada por el Departamento de Industria. Esta empresa pública efectuará la conversión. de deuda en capital y la citada aportación directa que "convertirán a la Administración autonómica en el primer socio de La Seda, como única salida a la crisis de la compañía y como paso previo para adjudicarla a un nuevo socio industrial que ocupe el lugar que dejó Akzo", señalan medios del consejo.

La toma de control por parte de la Generalitat ha sido defendida en el consejo por el núcleo de gestión de La Seda, cuya trayectoria al frente de la compañía esta siendo auspiciada por la propia Administración catalana y cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO.

Este grupo está compuesto por el director general, Rafael Español, y por cinco consejeros: Joan Majó, ex ministro de Industria; Pere Grau, ex presidente de Catalana de Gas; Jaime Rubio, ex gerente del Plan de Reconversión Textil; Carles Vilarrubí, hombre de absoluta confianza de Jordi Pujol; y Artur Mas, presidente del grupo municipal de Convergència i Unió (CiU) en el Ayuntamiento de Barcelona. Frente a ellos, el actual presidente de la compañía, José María Villamarín -cada vez más próximo a Jacinto Soler Padró- se ha mostrado contrario a este plan de salvación a lo largo de la maratoniana sesión del consejo, que lleva dos semanas reunido.

A juicio de los mismos medios, la resistencia del actual presidente de La Seda a aceptar el protagonismo del sector público en el futuro de la empresa está siendo alimentada precisamente por Soler, primer accionista de la compañía desde que en 1991 adquirió el 57,5% del capital a Akzo por el precio simbólico de una peseta.

En junio de 1991, con la salida de la multinacional. holandesa se inició un conflicto episódico por el control de la compañía, cuyo momento más álgido desembocó, hace apenas año y medio, en el depósito judicial de las acciones de Soler Padró, decretado por el juez Juan Mariné. Aquel auto judicial, además de imposibilitar la presencia del abogado en el consejo de la empresa, contribuyó a dar mayor credibilidad al actual equipo de gestión. Por otra parte, esta misma suspensión cautelar ha despojado a Soler Padró de los derechos políticos o voto sobre su paquete de acciones, "por lo que no podrá ejercer la suscripción cuando la Generalitat realice a través de EPLICSA la ampliación de capital" en el caso de que dispusiera de fondos suficientes, siempre según los mismos medios.

Las pérdidas de la empresa en el ejercicio de 1993 -superiores a los 4.000 millones de pesetas- deterioran además la situación del primer fabricante español de fibras químicas. El impacto tan negativo de los resultados, que superan el 50% de sus recursos propios (5.000 millones de pesetas), llegó a provocar temporalmente una situación de quiebra técnica al finalizar 1993.