La sentencia de Alcalá 20 impone al Estado que pague las indemnizaciones

Enrique Gimbernat, letrado defensor del ex concejal socialista Emilio García Horcajo, responsable municipal de Seguridad la noche en que se desató la tragedia, señaló ayer que desconocía la sentencia pero que, en caso de confirmarse, rehabilita políticamente a su cliente. La condena hubiera sido como culpar a un guardia civil por no detener al coche que va a tener un accidente. En Madrid hay 300.000 locales susceptibles de ser inspeccionados. Y lo que no se puede exigir es que se inspeccione aquel donde se va a producir la tragedia, eso es adivinar", comentó el abogado en relación a la acusación que pesaba contra García Horcajo.

Gimbernat se mostró tranquilo ante la posibilidad de que alguna de las partes presente un recurso ante el Tribunal Supremo, y mostró su disgusto por "los años de calvario que han pasado los perjudicados y los inocentes".

El actual concejal de Seguridad, Carlos López Collado (PP), expresó ayer su satisfacción por la absolución de su antecesor en el cargo. López Collado dijo no haber dudado de la inocencia de García Horcajo. "Y no ha sido por corporativismo", matizó el edil. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, subrayó durante su declaración como testigo en el juicio que el Ayuntamiento de Madrid sólo pagaría si el tribunal así lo estimaba.

Aunque ayer desconocía el contenido de la sentencia, Antonio García de Pablos, abogado de las familias de 57 víctimas del incendio, indicó: "Lo importante es que hallamos tenido sentencia", ya que "la tesis de Gobierno es que mientras no haya sentencia no paga", en referencia a los 2.000 millones fijados de indemnización, de los que es responsable civil subsidiario el Estado. Así, De Pablos puso como ejemplo a los afectados del desbordamiento de la presa de Tous. En cualquier caso, el abogado señaló que sólo comentaría en profundidad el fallo de la Audiencia cuando pueda estudiar y reflexionar sobre sus conclusiones.

Indemnizaciones

Junto a las penas de prisión que pidió para los procesados (con excepción de García Horcajo), la fiscal Josefa Checa reclamó indemnizaciones de 20 millones de pesetas para los herederos de los fallecidos y 25 millones cuando las víctimas tuvieran hijos menores de edad.

Según el escrito de acusación del fiscal (que la sentencia asume en gran parte), la única manguera antiincendios que había en la sala de fiestas el 17 de diciembre de 1983, día del siniestro, no llegó a funcionar: era corta y estaba tan mal instalada que el agua no alcanzó el primer foco de incendio. Tampoco sirvieron para nada los extintores. Así, lo que en un principio fue un incendio de escasa envergadura, se convirtió minutos después en una gran masa de humo tóxico. Las causas de las 81 muertes están claras para el tribunal: algunos murieron abrasados por las llamas, otros por aplastamiento a la salida y otros por inhalación de humo tóxico.

Según ese escrito inicial de la fiscalía, los copropietarios de Alcalá 20 -los procesados Emilio Urdiales, Pedro Rascón, Carlos Mendoza y Doroteo Martín reformaron el mobiliario del local utilizando un material "altamente combustible y tóxico".

Cuando los clientes buscaban desesperadamente las puertas de emergencia se encontraron con que éstas o estaban cerradas con llave o carecían de una adecuada señalización luminosa. Y todo ello bajo la nube de humo tóxico que desprendían los materiales que adornaban la discoteca.

Hoy se conocerá con exactitud la cuantía de la indemnización que ha impuesto la Audiencia a los acusados. La condena del ex vocal de la Junta de Espectáculos Guillermo Herranz es lo que ha permitido al tribunal declarar al Estado responsable civil subsidiario de las indemnizaclones (cerca de 2.000 millones). El Estado tendrá que abonar casi todo ese dinero -los bienes de los procesados están embargados- porque los acusados son insolventes.