Un juez investiga en la sede de Inverama un posible desvío de dinero a militantes de CDC
El juez Ramón Gomis registró ayer las oficinas centrales en Barcelona de Inverama, el holding concesionario de los tres casinos que existen en Cataluña, en busca de documentación que aclare s¡ cerca de 3.000 millones de pesetas fueron desviados irregularmente de los fondos de la sociedad y si1.000 de ellos fueron a parar a Convergència Democrática (CDC) o a empresas afines al partido por medio de dos hombres del aparato financiero de éste. El presunto desvío se realizó entre los años 1986 y 1987 y fue denunciado por el ex director financiero, Jaime Sentis, que se querelló contra el presidente de Inverama, Artur Suqué.
El registro judicial se produce al cabo de cuatro años de iniciarse el caso por una querella presentada por el ex director financiero de Inverama / Casinos de Cataluña, Jaime Sentís, contra el presidente de la sociedad, Artur Suqué. La comisión que en la mañana de ayer se presentó en las oficinas de Inverama estaba integrada por el juez, agentes de la Brigada de Estafas de la policía, expertos informáticos y un perito contable de Hacienda. Funcionarios judiciales retiraron en cajas abundantes fotocopias de documentación de las empresas, tantas que la fotocopiadora de la empresa se estropeó y hubo que llamar a un técnico de reparación. El registro, no concluido al cierre de esta edición, se produce después de que el juez recibiera un informe de la policía sobre el rastreo de los talones pagados por Inverama. Fuentes cercanas a la empresa señalaron que el juez indicó que iba en busca de una bolsa de 500 millones de dinero negro: "No lo encontrarán porque no existe", dijeron estas fuentes. "Si el juez nos hubiera pedido la documentación que reclama se la ha bríamos entregado sin problema".
La policía alude en su informe a diversas cantidades que habían Francesc Gordo. sido entregadas a Francesc Gordo, uno de los fundadores de Convergéncia y durante unos años responsable de finanzas del partido y de la operación Reformista, que encabezó Miquel Roca. El denunciante sostiene que se hicieron otras entregas menores a Albert Serra Hugas, contable de CDC y de los grupos parlamentarios de CiU.
Ayudas a la prensa
La entrega de dinero de Casinos a CDC ha sido negada siempre por el partido y por la sociedad. La empresa, sin embargo, sí ha admitido pagos a medios de comunicación muy próximos a Convergència. Así, el presidente de Casinos, Artur Suqué, aportó al juzgado un contrato de patrocinio al diario Avui por un importe de 770 millones de pesetas. El contrato estuvo vigente entre los años 1986 y 1990.
En el caso de Francesc Gordo, él mismo reconoció ante el juez que cobró de Casinos 50 millones de pesetas. Esa cantidad, dijo Gordo, respondía al pago de cunas publicitarias insertadas por Casinos. en la red de emisoras de Cadena 13, vinculadas a CDC y que él administraba.
En una segunda declaración, Gordo admitió haber cobrado otros 200 millones de pesetas: 100 de ellos para pagar la publicidad de Casinos incluida en La Vanguardia -que según su versión entregó a Carlos Fajardo, entonces director general de ese diario y luego despedido con la argumentación de deslealtad por parte de la empresa- y otros 100 por publicidad en el ya desaparecido El Correo Catalán y en el diario Avui. Sentís aportó en su día copias de facturas por publicidad en estos medios que calificó de falsas. Las inserciones publicitarias recogidas en esas facturas no se corresponden en su totalidad con las realmente publicadas. Gordo será llamado a declarar por tercera vez por el juez encargado del caso, que también le preguntará sobre un presunto desvío del dinero recibido a su cuenta personal.
Con independencia de esas entregas, el juez quiere averiguar a qué corresponden otros pagos de Casinos a un grupo de empresas y personas físicas, más de 30, ya que ignora cuál era la relación con Casinos que justificara los pagos.
Àngel Colom, líder de Esquerra Republicana, dijo ayer que pedirá una investigación si aparecen nuevos indicios de irregularidades. En 1992, una comisión de investigación concluyó que no había irregularidades, con el voto en contra de la oposición. Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, declaró que Jordi Pujol debe afrontar el caso y asumir responsabilidades, "él o quien coresponda". El socialista Raimon Obiols pidió que se deje trabajar al juez.
