El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas abre diligencias por presuntos delitos contables en Renfe

Miguel Ibáñez, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, abrió ayer diligencias de carácter penal por irregularidades en Renfe en 1989, por orden de la Fiscalía General del Estado. Las anomalías fueron detectadas y denunciadas por Eduardo Navarro, autor de un informe de fiscalización sobre la empresa y recientemente destituido. Los superiores del funcionario, el consejero Eliseo Fernández Centeno y Rafael Iglesia -hermano de un directivo de Renfe en la época-, descalificaron el informe de Navarro, lo desecharon y elaboraron uno nuevo, de conclusiones más suaves.

El Tribunal de Cuentas negó ayer oficialmente que se hubieran abierto diligencias de carácter penal por parte de la fiscalía en relación a delitos denunciados en su informe fantasma (véase EL PAÍS del pasado día 14) sobre Renfe. Eliseo Fernández Centeno, en carta remitida a este diario, señaló que "cuantas manifestaciones se recogen en la noticia [El Tribunal de Cuentas 'enterró un informe sobre irregularidades en Renfe], suponen una evidente falsedad". Rafael Iglesia Lachica, secretario técnico de la consejería que preside Fernández Centeno, fue más duro en la descalificación del informe sobre Renfe que aparcó, y cuyas irregularidades afectaban a la gestión de su hermano en Renfe, Leopoldo Iglesia Lachica, relacionado con el cobro de comisiones del AVE. "Las afirmaciones y opiniones que en él [informe] se vertían carecían de todo rigor técnico, tanto en el aspecto contable como en el jurídico".Rafael Iglesia ordenó a sus subordinados que rehicieran el informe, eso sí, con una salvaguarda: "Que tan pronto observasen el más mínimo indicio de relación con mi hermano con cualquier presunta responsabilidad me lo comunicasen con el fin de cesar radicalmente cualquier relación mía con la fiscalización".

El informe carente de todo rigor contenía una serie de actuaciones de Renfe presuntamente delictivas, que la fiscalía ahora pretende esclarecer. Personas conocedoras de ambos informes afirman que el segundo, el entregado oficialmente por Fernández Centeno a todos los consejeros, no contendría estas irregularidades de carácter penal. El informe de Navarro incluía los siguientes puntos, algunos de ellos luego traducidos en una denuncia formal ante el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, que ayer declinó hablar dado el secreto que pesa sobre las diligencias.

Datsa: (filial de Renfe) El auditor concluyó que esta empresa, que facturó a la compañía un total de 2.000 millones de pesetas, supuso un coste excesivo porque subcontraba a su vez con otras sociedades (Grupo Técnico de Gestión, Holding BRM y Antar), con las que, sin embargo, no existe soporte documental que ilustre tal relación comercial.

Medicalia: Renfe pagó a esta sociedad 467 millones de pesetas por gestionar ante diferentes organismos de la Administración (Inem, IMAC) bajas por invalidez y ceses pactados que afectaron a más de 1.300 empleados. El informe de Navarro considera que las cantidades pagadas son excesivas "en base a la gestión realizada". La bajas voluntarias se hicieron constar como despidos ante el IMAC.

Catertren: Renfe pagó a esta sociedad en concepto de "anticipos a proveedores" facturas por importe de 525 millones de pesetas. No consta la prestación de servicios y el informe afirma que "existen indicios" de que las facturas eran ficticias.

Delegación Especial de Hacienda en Renfe: Este departamento, dependiente de Hacienda, no realizaba retenciones por el IRPF a sus propios funcionarios. La Delegación presentó, advertida por el Tribunal de Cuentas, las liquidaciones de los años 1987 a 1990 fuera de plazo.

Normas de personal: Renfe burló normas al indemnizar a trabajadores que se acogieron a jubilaciones anticipadas y a programas de invalidez.

Equidesa: El informe recoge irregularidades cometidas por la filial de Renfe Equidesa en la compra de terrenos en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

El informe del funcionario destituido aflora otros espinosos asuntos como la clasificación incorrecta de cuentas abiertas en bancos, pagos a Viajes Ceres -investigada en relación con la financiación del PSOE-; ausencia de justificación de gastos y vinculaciones de empleados y directivos con empresas de publicidad que contrataron con Renfe.

Esta información ha sido elaborado por los miembros del Equipo de Investigación Carlos Yárnoz, Santiago Cárcar y Francisco Mercado.