Un defensor idóneo

EL ACUERDO alcanzado entre el PSOE y los grupos parlamentarios de carácter minoritario para renovar las instituciones ha tenido el mérito de desbloquear una situación que no tenía visos de arreglarse tras varios meses de negociación exclusiva con el Partido Popular. La iniciativa ha roto la estrategia negociadora del todo o nada a la que se aferraba el principal partido de la oposición (cubrir todas las vacantes institucionales a la vez, condicionando unas a otras), y cuyo único efecto práctico ha sido retrasar todavía más la normalización de la vida institucional.En lo que se refiere al Defensor del Pueblo, la comisión mixta Congreso-Senado diseñó ayer un procedimiento capaz de acabar con la situación de interinidad en que se encuentra desde hace más de un año. Lo que se necesita ahora es que los grupos parlamentarios se pongan pronto de acuerdo sobre el candidato más idóneo para ocupar el cargo. Tanto el catedrático de Derecho Constitucional y ex ministro de Trabajo de la UCD Manuel Jiménez de Parga, propuesto por el PSOE y sus aliados para la ocasión, como el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, planteado alternativamente en una hábil jugada por el Partido Popular, reúnen en principio los requisitos exigidos para ejercer con dignidad y eficacia las funciones de Defensor del Pueblo.

Ambos cuentan con un pasado de compromiso con las libertades democráticas y los derechos humanos. Se trata, por otra parte, de juristas de reconocido prestigio con una dilatada experiencia profesional y amplia proyección pública. Pero en el caso de Jiménez de Parga existe un factor que, si bien no afecta a su credibilidad personal, le incapacita en la práctica como candidato de consenso: su despacho profesional de abogado ejerce la defensa de uno de los implicados en el caso Filesa, relacionado con la supuesta financiación irregular del PSOE. Por más que se trate de una actuación profesional en el marco del derecho de defensa, es evidente que el hecho de haber sido propuesto por un partido que es su cliente pesa negativamente sobre su candidatura.

Este dato, y no su candidatura alternativa a la del fallecido Antonio Pedrol en 1990 para decano del Colegio de Abogados de Madrid, apoyada por un amplio elenco de grupos de abogados de izquierda, ni sus opiniones como comentarista político sobre cuestiones controvertidos de la vida nacional, es lo que se interpone a su designación como Defensor del Pueblo. A ello se añade que la candidatura de Martín Pallín reúne, además de la idoneidad de la persona, la predisposición al consenso que deriva de haber figurado en su momento en la propuesta planteada por el PSOE a los otros partidos en el marco de las negociaciones sobre el llamado impulso democrático. Cuenta además con el apoyo de organizaciones no gubernamentales comprometidas en la defensa de los derechos humanos. Por todo ello, se hace difícil pensar que el PSOE e Izquierda Unida puedan rechazar la propuesta del Partido Popular.

El concurso de todas las fuerzas políticas, especialmente el PSOE y el PP, es imprescindible también para cubrir otras vacantes institucionales como las existentes desde hace dos años en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si alguna fuerza política persiste en desmarcarse de esa tarea, tendrá que dar razones muy sólidas para justificar su actuación. No lo sería, desde luego, enzarzarse en interesadas polémicas sobre el perfil de los candidatos. Sería desesperante que la nueva relación de fuerzas existente en el Parlamento resultara más nociva para el equilibrio institucional que lo fue en su día la mayoría absoluta del PSOE. Ésta provocó una cierta patrimonialización de las instituciones por parte del Gobierno. El mayor equilibrio entre las fuerzas políticas surgido en las elecciones del 6 de junio no puede provocar algo peor: su paralización.