El Gobierno regional desatiende el dictamen del Consejo de Estado sobre la ley de horarios comerciales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantendrá la ley de horarios comerciales pese al dictamen del Consejo de Estado, contrario a que la región legisle sobre esta materia por falta de competencias normativas. El Gobierno regional decidió ayer seguir adelante con la tramitación del proyecto de ley, que fija en 12 días el máximo de festivos que podrán abrir los comercios. El portavoz del Gabinete regional, Jaime Lissavetzky, fue contundente ayer al afirmar: "No vamos a retirar la ley". Argumentó esta decisión por el hecho de que los pronunciamientos del Consejo de Estado no son vinculantes (si bien son preceptivos). Lissavetzky también recordó que existen comunidades autónomas del mismo tipo que la de Madrid que han regulado por ley sus horarios de comercio, y que en ningún caso las han retirado por las conclusiones del Consejo.

El consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, ha aplazado a la próxima semana su comparecencia ante la Asamblea de Madrid para comentar los informes negativos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social, ambos contrarios a que la Comunidad legisle. "SI la opinión mayoritaria de los partidos va en contra de la ley, se retiraría", indicó el portavoz regional.

El dictamen del Consejo de Estado, emitido la semana pasada, señala, además de la falta de competencias de la Comunidad para legislar sobre horarios, que el decreto Boyer, que ampara la libertad de horarios, sigue vigente en Madrid.

Por otro lado, el Gobierno regional decidió ayer que sus servicios jurídicos se personen ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, que estudia el caso de Construcciones Atocha sobre presuntas irregularidades en la contratación de obras.

Finalmente, el consejo del Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Prevención de Incendios, según el cual los bomberos gozarán del "carácter de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones", de forma que, por ejemplo, podrán cerrar una discoteca, evacuar un edificio o acordonar una zona (véase EL PAÍS del 1 de marzo).

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