El Tribunal de Cuentas 'enterró' el informe de irregularidades en Renfe

El Tribunal de Cuentas ocultó el informe de fiscalización de Renfe correspondiente al ejercicio de 1989, que detallaba graves irregularidades en la empresa que entonces dirigía Julián García Valverde, luego nombrado ministro de Sanidad. El responsable del informe, Eduardo Navarro, que acabó los trabajos en julio de 1992, ha sido destituido. El tribunal encargó en 1993 un nuevo informe a Rafael Iglesia, hermano de un directivo de Renfe en la época. Esta decisión, según ha criticado el primer auditor, "ha viciado" el procedimiento.

Izquierda Unida, que dispone del informe original, lo remitirá al juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, y solicitará diversas comparecencias en el Congreso para aclarar el asunto.El segundo documento de fiscalización de la compañía Renfe, según fuentes que han tenido acceso a los dos informes del tribunal que preside Adolfo Carretero, ha suavizado las conclusiones del primero y, en algunos casos, ha suprimido referencias concretas recogidas en el trabajo original.

Las supresiones, según dichas fuentes, afectan a cuestiones como las compras de terrenos llevadas a cabo por Equidesa, filial de Renfe, que provocaron la dimisión como ministro de Julián García Valverde; las subcontrataciones de la filial Datsa y la posible facturación ficticia de algunos servicios. La auditoría original, que obra en poder de este periódico (véase EL PAÍS del 28 de abril de 1993), explica también que Renfe incumplió normas referidas a personal y resalta la existencia de vinculaciones de empleados y directivos con empresas de publicidad que se beneficiaron de contratos de la compañía ferroviaria.

La existencia de dos informes distintos y lo extraño del caso, según señalan fuentes del Tribunal de Cuentas, han aconsejado también el aparcamiento provisional del segundo informe, que aún no ha sido aprobado oficialmente.

Peticiones de IU

La elaboración del primer informe de fiscalización de cuentas de Renfe en 1989, que permanece convenientemente encuadernado en las dependencias del Tribunal de Cuentas, se inició a mediados del año 1990 y finalizó en julio de 1992, según reconoció en el Congreso el propio presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero. Sin embargo, y a pesar de haber sido solicitado reiteradamente por el representante de IU en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Franco González, el informe nunca se ha hecho público oficialmente. Desde el Tribunal de Cuentas se alegó que el documento era "de trabajo, un borrador de carácter interno que no tiene trascendencia alguna" fuera del organismo y que nunca llegó a ser aprobado.

En respuesta escrita a las preguntas formuladas por el representante de IU, el presidente del Tribunal de Cuentas explicó el 16 de diciembre de 1993 que, "sometido dicho documento [calificado de trabajo] a la consideración del Consejero Ponente, éste estimó que los datos recogidos no habían sido debidamente comprobados y contrastados, que la documentación examinada no había sido correctamente interpretada y que las conclusiones extraídas no aparecían suficientemente fundamentadas". Una de las principales conclusiones del informe original era que "una gran parte de las cuentas [de la empresa] no representa la realidad económico -financiera de esta compañía".

El director del primer documento de fiscalización de Renfe fue Eduardo Navarro Paracuellos y lo concluyó en julio de 1992. Este periódico intentó ayer ponerse en contacto, sin éxito, con el responsable del informe original para recabar su versión. Según fuentes del Tribunal de Cuentas, Navarro entregó el documento a su superior, el director técnico del departamento cuarto, Rafael Iglesia Lachica,