El Gobierno debate la participación europea de las autonomías
La participación de las autonomías en las instituciones europeas es uno de los temas más polémicos del impulso autonómico que el Gobierno se ha comprometido a zanjar antes del verano. Los países europeos descentralizados disponen de fórmulas participativas para que sus comunidades hagan oír su voz cuando sus intereses estén en juego en la Unión Europea. No es el caso de España.
Algunas comunidades autónomas, especialmente la vasca, han presionado sobre el Gobierno central para que materialice algunas fórmulas. Hoy mismo se reunirá, por primera vez en lo que va de año, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos, que preside Narcís Serra y de la que forman parte siete ministros. En la reunión es probable que se aborde la regulación de la presencia de las comunidades autónomas en los foros internacionales.El proceso de unidad europea ha creado nuevas instituciones y ha centralizado en Bruselas competencias de los Estados y también algunas que habían sido traspasadas a las comunidades autónomas. Este proceso ha dejado sin representación a las autonomías españolas, que no cuentan con delegados que defiendan en la UE los intereses que afectan a sus competencias.
El consejero secretario de la Presidencia del Gobierno vasco, Carmelo Sainz de la Maza, se preguntaba en una reciente comparecencia pública: "¿No resulta lógico atender la solicitud formulada por el vicelehendakari para Asuntos Económicos del Gobierno vasco de acompañar al ministro de Industria cuando lo que se discute es el futuro de la siderurgia vasca y de la miniacería de Sestao?".
Hasta el momento, el Gobierno español no ha dado una res puesta a estas preguntas. Sin embargo, ha habido algunas tentativas en el pasado. En 1988 y 1989, el Gobierno ensayó las conferencias sectoriales. La conferencia para asuntos europeos establece un sistema de información a las comunidades en cuestiones de ejecución y no de participación en las decisiones.
La prueba de fuego de la conferencia fueron los trabajos intergubernamentales que condujeron al proyecto del Tratado de Unión Europea. "Las comunidades autónomas no formaron parte de la delegación del Estado español que estuvo representada en la Conferencia Intergubernamental, ni la conferencia sectorial permitió una participación de las mismas en ese proceso", señala Sainz de la Maza.
"No es admisible, porque se estaban debatiendo la ampliación de competencias de la Unión a materias propias de la competencia autonómica, el principio de subsidiariedad, la creación del Comité de las Regiones o el acceso directo al Tribunal de Justicia de la Unión", añade.
Sin embargo, los países europeos descentralizados disponen de fórmulas participativas. En órganos clave comunitarios como los comités de la Comisión y del Consejo de Ministros europeos, los landers alemanes disponen de representantes (ver cuadro). Las regiones belgas también participan en dichos comités, así como las islas portuguesas de Azores y Madeira. La importancia de dichos comités es clave porque configuran la voluntad comunitaria, colaboran en la elaboración de propuestas e inciden en su orientación.
En el caso alemán, todos los documentos transmitidos por el Consejo y la Comisión al Estado Federal son enviados al Observador de los lander, el representante de las comunidades alemanas en las instituciones europeas. Las comunidades francesa y valona de Bélgica cuentan con un agregado, y en Austria los lander pueden delegar representantes en la Misión Austriaca ante la UE.
El ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, apuntó la pasada semana la posibilidad de que las comunidades autónomas de España puedan contar con una representación en el Comité de Representantes Permanentes, que agrupa a los embajadores ante la Comunidad Europea de los doce Estados y a sus colaboradores. Pero el tema aún está sujeto a debate dentro del Gobierno.
Precisamente esta misma semana el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno vasco organizan unas jornadas de debate en la Universidad Carlos III (Getafe, Madrid) sobre la acción exterior de las administraciones autonómicas.
