Hacienda denunció a Interior en 1991 que la Guardia Civil hacía adjudicaciones amañadas,

Los informes del interventor, remitidos a la comisión del Congreso que investiga la gestión de Luis Roldán al frente de la Guardia Civil, junto a miles de documentos, enumeran múltiples defectos en los contratos de la dirección general, la mayoría formales, pero llaman la atención sobre una práctica fraudulenta que vicia el procedimiento de adjudicación de obras.Tras destacar que "prácticamente la totalidad de los expedientes de obras se han adjudicado por el sistema de contratación directa", en vez de concurso público, "en base a razones de seguridad", el interventor agrega: "Cabe resaltar la extrema preocupación que produce el hecho de que a la empresa Diafer se le hayan tramitado y adjudicado durante el presente periodo trimestral [abril a junio de 1991] seis expedientes de obra, en los que si bien se cumple de modo formal la exigencia de concurrencia de ofertas, queda de manilesto que ésta se elude, ya que en todos los casos los presupuestos u ofertas de la citada empresa se han comparado siempre con los de otros dos empresarios ' siempre los mismos. Las tres empresas que ofertan, la adjudicataria y las rechazadas, radican en el mismo municipio".

Para expertos en contratación pública consultados por EL PAÍS, la denuncia es meridianamente clara: la dirección general de la Guardia Civil utilizaba un sistema fraudulento para adjudicar a dedo las obras, burlando el espíritu de la ley.

El propio interventor dice en su escrito: "Debe revisarse el sistema, seguido en la práctica, para la selección de adjudicatarios. Lo expresado en el informe induce a pensar que se incumple sistemáticamente el principio de concurrencia de ofertas". Los documentos del interventor eran remitidos a los responsables de Interior, incluido Roldán, y a la Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda.Comparecencia de Vera

Un anexo del informe detalla las seis obras adjudicadas a Diafer durante el segundo trimestre de 1991 (dos en la Dirección General de la Guardia Civil y las demás en Valdemoro y Madrid), a las que se añaden otras dos en el segundo trimestre (la cafetería y la reforma de tres pabellones en la dirección general). "En todos los expedientes anteriormente citados la relación de ofertantes es la rnisrna", agrega el interventor, que cita a Amador Hernández Galán y José Mendoza Galindo como titulares de las ofertas perdedoras.

Diafer, propiedad de Antonio García Fernández, alcalde de Colmenar de Oreja (Madrid) por el Partido Popular, es una de las empresas más beneficiadas por las adjudicaciones. Sólo la cafetería de la dirección general costó 375 millones de pesetas. Los demás contratos con la Guardia Civil suman más de 2.000 millones de pesetas.

No se trata, sin embargo, de un caso aislado el mismo informe del interventor enumera tres obras (dos en Sevilla y una en Badajoz) adjudicadas a la empresa Cumaza, en las que los otros dos ofertantes fueron, siempre, Emilio Suárez Hermida y Huarte S. A. Cumaza, junto a Construcciones Brues, consiguió otras dos obras en Barcelona. Los concurrentes también se repitieron en ambos casos.

Según la documentación remitida por el Gobierno al Congreso, los contratos de hasta 10 millones de pesetas eran autorizados por Roldán, por delegación del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Los contratos de entre 10 y 2. 000 millones eran autorizados por Vera, aunque por delegación, los firmaba Roldán. Rosa Aguilar, portavoz de Izquierda Unida, anunció ayer que su grupo pedirá la comparecencia de Vera ante la comisión.