Las pensiones que vienen

El señor García Solanes, catedrático de Teoría Económica en la Universidad de Murcia, se ha sentido en mala hora tentado de impartir su cátedra desde las páginas de EL PAÍS (20 de marzo de 1994, suplemento Negocios), sobre una tema en el que -en nuestra opinión- evidencia un desconocimiento parcial de aspectos concretos, actuando con ligereza impropia de quien tan respetable cargo ejerce en la docencia. Quizá esto debiéramos imputarlo a sus fuentes de información, pero ello no le exonera de responsabilidad por no contrastarlas.Nunca ha existido, señor García Solanes, déficit en el gasto global en pensiones de la Seguridad Social, aunque algún régimen lo haya presentado por mala previsión; siempre han sido suficientes las cotizaciones para pagar las pensiones contributivas, contra lo que afirma, y nunca resulta totalmente falso el gráfico que acompaña a su artículo en tanto mantenga como cabecera la que ostenta (Transferencias del Estado para financiar las pensiones), aunque pudiera acercarse a la realidad si en ese gasto se incluye la asistencia sanitaria, que, por precepto constitucional, con su universalización, pasó a ser responsabilidad del Estado en 1989, con la apropiación de todas las instalaciones hospitalarias del sistema sin contraprestación, o bien, si se contabiliza complementos de- pensiones y pensiones no contributivas, cargadas sin razón alguna a las cotizaciones. Salvo que todos los presupuestos de la Seguridad Social hayan sido falsos desde 1982 hasta 1994, de lo que habría que pedir responsabilidad, sorprende, en verdad, que cuando el clamor de los afectados es mayor, se nos imparta una lección catastrofista por persona cualificada en la que, implícitamente, se justifican restricciones, y "se ignora" de un lado, que España es el país de la UE, con Portugal, que menos dedica a gastos sociales; de otro lado, se silencia el hecho de que las cotizaciones (empresarios y trabajadores) para este fin nunca fueron una renta del Estado, por lo que cualquier prestación similar o complemento no cabe cargarlo a las cotizaciones en nombre de la solidaridad exclusiva de los trabajadores, como se viene haciendo, sino que debe pagarse por el Estado exigiendo solidaridad a todas las rentas que constituyen sus ingresos, lo que elimina la existencia de transferencias por déficit, y, finalmente, aunque existen más razones para la sorpresa, que se ignore la filosofía del sistema, que no excluye cualquier otro, pero del que se viene abusando como si de hacerlo fracasar se tratase creándole prestaciones ajenas a su esencia, como las dé la antigua beneficencia, sin cobertura adecuada.

Cierto que otros extremos que se analizan, como las incidencias demográfica, tecnológica y crisis, agravan la problemática de las pensiones, junto con el fraude en prestaciones y la gestión equivocada, pero para unas, por coyunturales, y, para otras, por subsanables en el tiempo, será necesario dilatar las medidas restrictivas (congelación) y legislar (flexibilidad en las jubilaciones, promoción de la natalidad, progresividad en las cotizaciones, etcétera) de forma que no sean necesarias medidas tan drásticas como las que (fiscalidad y limitaciones) se quieren emplear para solucionar, en un presupuesto, déficit provocados en múltiples años.-