Los gestores de IGS-PSV esperan el fin del congreso del sindicato para salvar la cooperativa
Todas las partes implicadas en la crisis de la cooperativa de viviendas de UGT, PSV, coinciden. Tras más de dos años de problemas graves, el mes de abril de 1994 será clave para saber si el proyecto cooperativo que afecta a 14.000 familias que han aportado 35.000 millones, tiene solución. El hecho de que el mismo mes se celebre el 36º congreso del sindicato que impulsó el proyecto, con el relevo de su secretario general, Nicolás Redondo, ha dado pie a múltiples lecturas. La interpretación más contundente la dio Redondo al asegurar que el Gobierno ha pasado factura al sindicato por oponerse a su política económica, dilatando la crisis de PSV. El problema de la cooperativa se ha convertido en un arma arrojadiza en el sindicato.
Esta vez parece que va en serio. El presidente de la gestora de PSV, IGS, Prudencio García, ha asegurado que dimitirá este mismo mes si no obtiene de la banca pública avales por un importe de 8.500 millones de pesetas con los que iniciar la construcción de las 15.000 viviendas comprometidas con los socios de PSV. El ultimátum de García tiene más peso si se tiene en cuenta que fue nombrado a instancias del Ejecutivo en octubre de 1993 -de acuerdo con UGT-, para gestionar una crisis que parece interminable..Por qué se ha retrasado tanto la solución para PSV? Según García, porque hasta este mismo año no han existido datos fiables acerca de la situación económica de la cooperativa y sobre la contabilidad de sus cientos de promociones en toda España.
Una verdad a medias para UGT y para los antiguos gestores del grupo de empresas del sindicato. Fuentes de los dos ámbitos afirman que el Gobierno conocía los problemas de PSV desde hace dos años. Desde entonces, las discusiones acerca del proyecto y su financiación fueron tan intensas como estériles.
La postura de la banca y de la Administración durante más de un año no ha variado: para financiar a PSV, un proyecto con un volumen de negocio de más de 200.000 millones de pesetas, necesidades financieras de más de 70.000 millones y 15.000 viviendas comprometidas, había que "segregar promociones" y "separar negocios".
La estructura del proyecto de economía social de UGT, con empresas diversas (seguros, hostelería, préstamos hipotecarios ... ) pero íntimamente relacionadas, convertía la separación de cuentas en una tarea compleja. El combinado resultante de una gestión discutible, la mezcla de proyectos especulativos y sociales, una contabilidad compleja y necesidades de tesorería estaba aderezado con la sospecha de que UGT se había beneficiado económicamente del grupo de empresas.
La crisis, más o menos larvada, explotó en el verano de 1993. Los contactos entre la cúpula de UGT y el Gobierno "al máximo nivel" se contaron por decenas. Por parte del Gobierno, el vicepresidente, Narcís Serra, junto con el jefe de gabinete de presidencia, Antoni Zabalza, tomaron las riendas. El sindicato, aún de forma tardía., asumió su responsabilidad. UGT se hizo cargo del 100% de las acciones de IGS, accedió a liquidar el grupo de empresas (Unial, Club IGS Viajes, IGS .Mercado Hipotecario) y comprometió su patrimonio para conseguir préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 9.200 millones. Más aún. El secretario general de UGT, Nicolás Redondo, entonó públicamente, su mea culpa.
Redondo dejó claro, no obstante, que el sindicato siempre había sido un socio minoritario en IGS. Una verdad con facetas puesto que destacados dirigentes sindicales, algunos de ellos críticos con lo sucedido en IGS -caso del responsable de la construcción, Manuel Garnacho-, habían desempeñado cargos de responsabilidad en el consejo rector de la cooperativa.
En octubre, la salida de la crisis parecía estar al alcance de la mano. Según fuentes próximas a UGT, los enfrentamientos en torno al fracasado pacto social y la convocatoria de huelga hizo "que se levantara el pie del acelerador". La traca final fue la demanda de quiebra interpuesta por el empresario José Oriol Rabassa el 22 de diciembre sobre IGS por una deuda de 350 millones. La declaración de quiebra se evitó por los pelos. Tanto IGS como PSV suspendieron pagos. Se nombraron interventores judiciales y, en febrero, el Gobierno intervino la cooperativa y facultó al juez encargado de la suspensión de pagos, José Antonio Enrech, para nombrar administradores de PSV. El Ejecutivo dejó claro que no habría dinero público para salvar el proyecto.
Casi dos meses después de la intervención del Gobierno, la maraña PSV apenas si se ha desenredado. Existe una petición de avales por 8.500 millones; una auditoría que cifra en 10.500 millones la deuda de IGS con PSV; un plan de viabilidad para construir las distintas promociones hasta 1998; una amenaza de dimisión (la de Prudencio García); una conclusión: la cooperativa no se puede dividir de forma inmediata y una gran confusión de competencias entre interventores, asesores, administradores y gestores.
Como un, sacacorchos
La crisis de PSV ha sido como un sacacorchos. Girando sobre sí misma, ha perforado la credibilidad del sindicato promotor del proyecto, UGT, y para encontrar una salida adecuada, ha tenido que dar vueltas en sentido inverso. Cuando empezó la crisis, hace ya dos años, se temía la quiebra del proyecto por falta de financiación y ausencia de confianza de los.. socios en una cooperativa que, al fin, no construía las viviendas prometidas. Después de dos años, el nuevo administrador, Prudencio García, en su primera reunión con los medios de comunicación, dijo haber llegado a la conclusión de que PSV tenía dos problemas fundamentales: financiación y confianza.Hay más datos que avalan la teoría de que el problema PSV ha estado girando sobre el mismo eje. Los antiguos gestores reclamaban en 1992 alrededor de 14.000 millones de pesetas para sacar adelante el proyecto. Casi dos años después, se piden avales por importe de 8.500 millones, después de haber dedicado a tapar el gran agujero de la sociedad de crédito hipotecario (IGS, de Mercado Hipotecario) la mayor parte de los 9.200 millones del préstamo del ICO.
La cuestión de la segregación de promociones tampoco se ha resuelto. Pese a que los bancos exigieron y exigen la separación de promociones para facilitar créditos, el nuevo equipo gestor ha llegado a la conclusión de que la estructura de negocio del grupo IGS, añadida al proceso de suspensión de pagos, hace imposible desgajar el proyecto de viviendas.
¿Se ha avanzado desde el pasado verano para solucionar la crisis? En la medida de que queda poco por hacer, ya que la contabilidad está separada, todos los órganos informados y el plan de viabilidad esbozado, sí se ha avanzado. ¿Qué queda? Lo fundamental: que los cooperativistas se resignen a pagar entre un 5% y un 7% más por sus viviendas y que acepten recibirlas, en algunos casos, seis años después de lo prometido.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
