La negativa a dimitir del jefe de Carabineros de Chile, primer choque entre Frei y el Ejército
El rechazo del jefe de Carabineros y ex miembro de la Junta Militar chilena, general Rodolfo Stange, a la petición de dimitir que le formuló el martes el presidente, Eduardo Frei, ha desatado el primer conflicto del nuevo Gobierno con los militares por atropellos a los derechos humanos. Frei, no obstante, dice confiar en que Stange-reconsiderará su negativa; en caso contrario convocará al Consejo de Seguridad Nacional para que le pida la dimisión. En la noche del martes, la Cámara de Diputados apoyó a Frei.Stange, acusado por un juez de obstruir la investigación del crimen de tres dirigentes comunistas degollados en 1985, se reunió el martes en el Palacio de Gobierno con Frei. El presidente, que debido a las amarras dejadas por la dictadura no puede destituir al jefe policial, manifestó a Stange la conveniencia de retirarse de Carabineros.
Con el respaldo del alto mando de la policía y de la derecha, el general rechazó la petición de Frei. "Cualquiera puede pedir lo que quiera, pero de ahí a que yo acepte cargar con una culpa que no tengo es otra cosa", afirmó.
El Consejo de Seguridad al que piensa recurrir el presidente es una entidad creada en el régimen de Augusto Pinochet y compuesta por igual número de civiles y militares. Lo componen, además de Frei, los presidentes del Senado y Corte Suprema y el controlador de la República, junto con los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas, entre ellos el propio Pinochet, en representación del Ejército, y Stange, por los carabineros.
Para los militares, el caso se ha convertido en una defensa de sus prerrogativas. El Gobierno está poniendo a prueba su respaldo, pues carece, para presionar a Stange, de otro mecanismo que el Consejo de Seguridad, donde no tiene mayoría.
El martes, otro juicio por atropellos a los derechos humanos cometidos en el régimen militar llegó a una etapa decisiva. La primera sala de la Corte Suprema dejó pendiente su resolución ante las apelaciones por el caso del crimen del español Carmelo Soria, cometido en 1976 por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina). A los alegatos asistieron Carmen Soria, hija de la víctima, y el embajador de España en Chile, Pedro Bermejo. Alfonso Insunza, el representante de la familia Soria, pidió la reapertura del caso, al recalcar las numerosas diligencias aún pendientes, como la declaración del exjefe de la Dina el general retirado Manuel Contreras, los careos entre los inculpados y un exhorto a un testigo que está condenado en EE UU.
