El fiscal del ‘caso Atocha’ exculpa al Gobierno regional y acusa a tres técnicos

VIENE DE LA PÁGINA 1

La fiscalía, tras sus investigaciones, ha archivado nueve de las trece denuncias presentadas en su día por el PP al desestimar en ellas irregularidades de tipo penal. El fiscal ha formulado, sin embargo, acusaciones concretas como "imputados" contra un director general de la Comunidad, el arquitecto Ramón Valls Navascués, responsable de los proyectos institucionales, contra los arquitectos privados Eduardo de Antonio González y Carlos Collado Arranz y contra el consejero delegado de Construcciones Atocha José Rey Patiño por los delitos de falsedad y estafa. El juez tendrá que estudiar estas imputaciones.

Pero, por los mismos delitos, la fiscalía sí ha presentado una "querella" contra Pedro Ortega García, ex responsable de la empresa, y contra el aparejador José Alberto Bello y el arquitecto Vicente Martínez Castelló. Estos últimos son todavía funcionarios de la Consejería de Cooperación que contrató esas obras.

La acusación contra Valls, los arquitectos privados y el consejero de Construcciones Atocha se relaciona con la rehabilitación de un centro salud en Villarejo de Salvanés y la construcción de dos escuelas infantiles en Getafe y Leganés.

La empresa certificó ante la Comunidad, en 1990, que había acumulado materiales para estas obras por valor de 45, 22 y 21 millones respectivamente. Los arquitectos avalaron esas certificaciones como si los materiales existiesen y el director general dio el visto bueno al pago de esas partidas. Los materiales, sin embargo, no estaban en ningún lado.

La empresa de seguros Albia, que avaló esos acopios de materiales, se querelló contra Construcciones Atocha tras presentar ésta una suspensión de pagos.

Fuentes del Ejecutivo autonómico calificaron la resolución del fiscal como "una magnífica noticia que deja al margen a la Comunidad de posibles delitos de tratos de favor o corrupción como han destacado durante esos meses los planteamientos torticeros del PP". "Es posible, en todo caso, que haya alguna conducta delictiva de alguno de esos funcionarios en el ejercicio de su trabajo", matizaron estas fuentes.

El Gobierno de la Comunidad intenta desde hace más de un año cobrar los 88 millones que adelantó a Construcciones Atocha para esos materiales que nunca aparecieron. "No ha habido daño patrimonial a la Comunidad", explicaba ayer un alto cargo regional, "porque todas las obras estaban avaladas". Seguros Albia se ha querellado contra Construcciones Atocha y ha recurrido al juzgado para no pagar esos avales. "O se han cobrado o están en vía de ejecución", indicaba ayer el alto cargo autonómico.

En el caso de la querella, presentada por los 73 millones de pesetas adelantados por la Comunidad a la constructora para las obras del laboratorio de Sanidad Animal de Algete, según el consejero de Cooperación Virgillo Cano, se recuperó el dinero porque la empresa que continuó los trabajos tras la suspensión de pagos de Construcciones Atocha asumió el aval de los acopios.

Respecto a los adelantos de dinero a las empresas, un dirigente regional aseguró: "Ya no certifica acopios nadie en la Comunidad".

El PP, sin embargo, no lo ve tan claro. "Ha habido más que trato de favor, ha habido estafa. O si no que me digan como se puede calificar el asunto de los acopios", indica Manuel Cobo, el diputado popular que destapó el escándalo al denunciar las reiteradas adjudicaciones a Construcciones Atocha. "A los ciudadanos de Madrid, lo dice el fiscal, se les ha perjudicado patrimonialmente y se les ha estafado presuntamente con la connivencia de algún funcionario y un director general", afirma Cobo. El parlamentario estima que Virgilio Cano es el principal responsable y se permite dar un consejo a Leguina: "Siempre habla de la corrupción de los demás y ahora tendría que hablar un poco de esto".

El arquitecto Ramón Valls Nasvascués vivió ayer su peor jornada después de 25 años como funcionario, los últimos como responsable de los proyectos institucionales que se plantea la Comunidad de Madrid. "Estoy aterrorizado porque aquí no ha habido falsedad o estafa, lo que ha sucedido es un error generalizado desde el principio con esta certificación", declaró.Valls reduce la importancia del caso a una sola obra, el centro de salud de Villarejo de Salvanés, porque las otras están ejecutadas e inauguradas. El arquitecto autonómico explica que en ese proyecto el arquitecto contratado "firmó por error la certificación como obra hecha cuando no estaba así y luego, cuando varios meses después se dieron cuenta del fallo, no me lo avisaron". Valls afirmó: "Nadie se ha llevado nada y nadie ha querido engañar, yo porque no lo sabía y el arquitecto y la empresa porque lo cubren con el aval".